Un juez de Estados Unidos dio el viernes su aprobación
final a un acuerdo de BP con los particulares y negocios que perdieron
dinero y propiedades en el vertido de crudo en el golfo de México en
2010.
La orden sólo se refiere al acuerdo de reclamaciones
por daños económicos y a las propiedades, no a un acuerdo separado sobre
beneficios médicos para los trabajadores que ayudaron en la limpieza y
otros que dicen que el vertido les provocó enfermedades.
BP ha estimado que pagará 7.800 millones de dólares
(unos 5.900 millones de euros) para resolver los más de 100.000
reclamaciones en la demanda colectiva.
El juez de distrito Carl Barbier había dado su
aprobación preliminar en mayo, pero celebró una "vista de equidad" en
noviembre para evaluar las objeciones de unos 13.000 demandantes que
decían que el acuerdo no resuelve parte de la responsabilidad de BP por
el peor vertido de crudo en altamar en la historia de Estados Unidos.
El pozo Macondo de BP, empresa con sede en Londres,
derramó 4,9 millones de barriles de crudo al golfo de México durante un
período de 87 días. El torrente contaminó las costas desde Texas hasta
Alabama y eclipsó el desastre del Exxon Valdez en Alaska en 1989 por su
gravedad.
Abogados de algunas de las partes afectadas habían
presentado objeciones al acuerdo, alcanzado en marzo entre BP y los
abogados que representan a demandantes que van desde dueños de
restaurantes, hoteleros y criadores de ostras que perdieron dinero por
el desastre.
Ellos afirman que algunos demandantes recibirían menos dinero que el que merecen o serían injustamente excluidos.
Pero en un fallo de 125 páginas que ordena el acuerdo,
Barbier dijo que el acuerdo es "justo, razonable y suficiente", citando
la baja cantidad de miembros de la demanda colectiva que lo objetaron o
decidieron excluirse.
BP dio la bienvenida a la orden en un comunicado,
agregando que el acuerdo resuelve la mayoría de las reclamaciones por
daños económicos y a la propiedad derivados del accidente.
"La decisión del Tribunal hoy es otro importante paso
hacia adelante para que BP cumpla sus compromisos de restauración
económica y ambiental en el golfo, y eliminar los peligros legales que
enfrenta la compañía", dijo BP.
Además de las reclamaciones en la demanda colectiva, BP
se enfrenta a una batalla legal de un año con el Gobierno de Estados
Unidos y los estados de la costa del golfo de México para resolver una
petición de miles de millones de dólares por su responsabilidad civil y
penal en la explosión.
En un acuerdo con el Gobierno del Estados Unidos
anunciado el mes pasado, BP accedió a pagar 4.500 millones de dólares en
multas y declararse culpable de mala conducta penal.
El Gobierno también procesó a los dos supervisores de
mayor rango a bordo de la plataforma Deepwater Horizon durante el
desastre, acusándolos de 23 cargos penales, incluido el homicidio.
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