El proyecto de una filial de Gas Natural Fenosa
para construir un gasoducto y almacenar gas en Doñana, autorizado
recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido duras
críticas de los ecologistas. Además ha generado, de forma soterrada, un
interesante debate dentro de la propia comunidad científica. La razón no
es tanto el proyecto en sí, sino el hecho de que la Estación Biológica
de Doñana (EBD), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), votara en 2011 a favor del plan a la vez que recibía
financiación de Gas Natural para uno de sus proyectos de investigación.
El convenio no implica una gran cuantía —38.000 euros al año para una
cátedra de cambio global, que paga estancias de investigadores en Doñana
y un curso en septiembre—, pero sí pone de relieve una tendencia
creciente: con los constantes recortes de la financiación pública, los
centros de investigación y las universidades se ven forzados a recurrir
cada día más al patrocinio privado. Un camino que, para algunos, abre la
vía a crecientes conflictos de interés.
Carlos Herrera, científico de la EBD, y Premio Nacional en 2001
de Investigación Alejandro Malaspina en el área de Ciencias Y
Tecnologías de los Recursos Naturales, alertó hace unos años sobre una
tendencia que considera perniciosa: “Dije que no me parecía ético que
nos financiaran empresas con escaso pedigrí medioambiental. Quedas
expuesto a un conflicto de intereses”. Herrera escribió un duro artículo
en la revista especializada Quercus, en el que comparaba la
financiación de su instituto con el de un club de fútbol de Tarragona
patrocinado por un prostíbulo del que informó en su momento la prensa
entonces. En él se preguntaba si los niños tendrían que renunciar a
lucir buenas botas y flamantes camisetas debido al origen de los fondos.
Y añadía: “¿Tendrán los científicos vinculados con el medio ambiente
que negarse a impartir conferencias remuneradas donde divulguen las
amenazas del cambio global porque son subvencionadas por una empresa que
mantiene una posición contraria al desarrollo de las energías
renovables?”.
El director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro,
investigador principal del convenio con Gas Natural, admite el debate
interno en el claustro de la estación, pero defiende los acuerdos:
“Ojalá nos pudiéramos financiar solo con dinero público, pero no es
posible. Tenemos convenios con multitud de empresas, pero eso no mina
nuestra independencia. Tenemos absoluta libertad y el convenio no nos
marca ninguna dirección de actuación”.
Land Rover, Repsol, BBVA o Cepsa, que tiene una refinería en Huelva,
han suscrito patrocinios similares con la estación, según Negro. “Si no
dirigen nuestras investigaciones aceptamos mecenazgos. Y somos
independientes”, señala.
Gas Natural también considera que este tipo de patrocinios no provoca
ningún conflicto de interés y sostiene que estos convenios tienen como
objetivo apoyar la investigación. Además, anota que también tiene
firmados acuerdos de este tipo con, por ejemplo, grupos ecologistas.
Sin embargo, algunos investigadores de la estación ven con recelo que
sean precisamente compañías eléctricas o contaminantes las que les
financien, porque temen que estos convenios sirvan simplemente para dar
un barniz ecológico a su imagen.
En la votación en la que el Consejo de Doñana —que reúne a
Administración, agricultores, ecologistas...— dio un sí condicionado al
proyecto no faltó el voto de la EBD. El visto bueno a la declaración
ambiental salió con 10 votos a favor, dos en contra (WWF y Ecologistas
en Acción) y una abstención (la asociación agraria Asaja, por el recelo
al impacto sobre los acuíferos).
Juan José Carmona, representante de WWF, cree que la EBD debió
informar de que tenía ese convenio con Gas Natural: “Hay que ser
transparente. Como mínimo debieron decirlo”. Las voces críticas han
cuestionado también el hecho de que el expresidente del Gobierno Felipe
González, presidiese el Consejo de Participación de Doñana hasta
diciembre, mientras era consejero de Gas Natural.
Negro explica que su voto no fue un sí incondicional: “Hicimos muchas
alegaciones y el ministerio las ha recogido en la declaración de
impacto ambiental. No hemos estado cruzados de brazos”. Durante la
tramitación de dicha declaración, la EBD hizo alegaciones. En uno de los
dos proyectos señala que “el promotor parece haber adoptado un diseño
que ofrece garantías suficientes para que se realice con el menor
impacto posible”, aunque añadió que “durante la fase de obras pueden
existir afecciones al medio, y en particular, al lince ibérico”.
Miguel Ferrer,
biólogo, delegado del CSIC en Andalucía y exdirector de Doñana, admite
que el debate está creciendo: “En España nos falta colaboración
público-privada en la ciencia, porque tenemos parte de la solución para
salir de la crisis y no se trata de que los centros de investigación
estén aislados”. Sin embargo, admite las dificultades que esto conlleva.
Ferrer tiene trabajos publicados sobre interacción de aerogeneradores
con las aves: “He firmado convenios con empresas eólicas, pero jamás me
prestaría a evaluar nuevos emplazamientos de parques eólicos para alguna
de estas empresas. Mi juicio sería objetivo, pero sería difícil que
alguien no pensara que soy parcial. No solo hay que ser intachable, sino
parecerlo”.
El CSIC no ve problema en la actuación de la EBD. Las normas internas
de la institución incluyen que toda colaboración de un científico con
una empresa debe estar regulada en un contrato o en un convenio. Aunque
el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana no toca el parque
nacional, sí afecta al espacio protegido de Doñana, que incluye un área
más extensa aunque con menor grado de protección.
Los grupos ecologistas sostienen que el proyecto es muy dañino, en
contra del Instituto Geológico y Minero, que hizo un informe que apoyaba
la seguridad del mismo. Unos y otros coinciden en que, más allá de este
caso, la transparencia es la mejor arma contra cualquier suspicacia.
Pedro Linares, vicerrector de Investigación de la Universidad
Pontificia de Comillas e investigador de la cátedra BP de Energía y
Sostenibilidad, ha optado por despejar cualquier tipo de duda en este
sentido. En su web
avisa: “Mi investigación ha sido financiada principalmente por empresas
privadas e instituciones públicas relacionadas con el sector
energético. [...] Tengo algunas acciones (pocas, como corresponde al
sueldo de un profesor universitario) en empresas relacionadas con las
energías renovables y la eficiencia energética, campos que creo que
tendrán o al menos deberían tener un futuro prometedor”. Y añade: “De
acuerdo con los códigos de conducta habituales, no debería tomar
posiciones en ningún asunto relacionado con las empresas o instituciones
que me pagan directa o indirectamente. Sin embargo, al menos en mi
caso, eso supondría no poder opinar sobre nada relacionado con el sector
energético, algo difícil si se trabaja en economía y política
energética... Mi única defensa contra este posible conflicto de interés
es mi compromiso absoluto con la libertad académica, según el cual
declaro que los resultados, conclusiones y opiniones reflejados en mis
publicaciones son únicamente mi responsabilidad. [...] Es fácil ver cómo
algunas de mis opiniones van claramente en contra de los intereses de
algunas de estas empresas”.
Linares explica por teléfono el sentido de su advertencia: “A veces
leo artículos o escucho conferencias de profesores de universidad y me
sorprende que no digan quién financia algunos de sus proyectos”. ¿La
razón? Muy simple: “Me parece información muy relevante y no quería que a
mí me pasara”.
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