Asociaciones de vecinos y plataformas ecologistas abrirán hoy un nuevo frente
en su batalla por clarificar y poner coto al negocio del agua en
Cataluña. Denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción el suministro del
agua que explota Agbar en una veintena de municipios de la provincia de
Barcelona, seguros de que no existe ningún contrato de concesión que le
permita hacerlo, pese a la permisividad del Ayuntamiento de Barcelona y
del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). “La falta de contrato válido
es meridianamente clara en la sentencia del Juzgado Contencioso
Administrativo número 12 de Barcelona”, señala una denuncia que persigue
que la Fiscalía acredite la existencia de un presunto caso de
prevaricación por parte de las administraciones.
Esa sentencia, dictada en 2010, niega la existencia de ningún
contrato de adjudicación. “No hay adjudicación del servicio ni hay
contrato”, reza aquella sentencia, que es el principal escudo que
utilizan ahora las asociaciones para intentar limitar el poder de Agbar
en el negocio del agua en Barcelona y determinar que hay “un vacío
legal” en el servicio del agua en baja, el que llega para a los hogares
listo para su consumo.
Tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona
(FAVB) como las plataformas Attac-Acordem, Ecologistas en Acción,
Enginyeria sense Fronteres y la Red por una Nueva Cultura del Aigua
están detrás de las acusaciones. Consideran que pese a la sentencia del
tribunal las administraciones no solo evitaron actuar de oficio para
resolver una situación “anómala”, sino que desatendieron las peticiones
de las asociaciones denunciantes para “subsanar” la situación y que,
posteriormente, incluso habrían intentado regularizarla.
Esa última denuncia se aguanta sobre los pasos dados por la AMB en
pleno mes de agosto, el pasado verano. Entonces el Gobierno
metropolitano abrió el camino a la firma de un convenio para crear una
sociedad mixta en la que Agbar tendrá un 85% del capital y la
corporación municipal el 15% restante. A través de esa sociedad conjunta
Agbar se asegura la explotación del suministro del agua en baja de 23
municipios de la provincia de Barcelona, una decisión que los
denunciantes consideran que “no se ajusta a derecho” y con la que “se
está regularizando una concesión a una empresa privada sin llevar a
término el procedimiento exigido por la ley”, al no haberse abierto
ningún concurso de adjudicación.
El proyecto fue finalmente aprobado por el pleno de la AMB en
noviembre y el contrato debía entrar en vigor en 2013. Sin embargo, su
despliegue está paralizado mientras el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC) decide la posible suspensión cautelar del convenio
antes de emitir una sentencia firme sobre el caso, que ha recibido media docena de recursos contencioso administrativos. Empresas privadas, un particular y la Generalitat se han personado para intentar evitar el contrato.
El texto dirigido a la Fiscalía también recoge las vinculaciones que
han tenido en los últimos tiempos gestores del AMB y de Agbar. “Algunos
de los gestores públicos que mantuvieron esta situación de irregularidad
y que actuaron, en perjuicio del interés general, actualmente forman
parte de la sociedad que se está beneficiando”, dice el texto, otra de
las batallas iniciadas por las plataformas tras la privatización de
Aguas Ter-Llobregat. Aseguran que privatizar conlleva encarecer el agua.
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