“La plataforma Nunca Máis volverá a la calle con aquel espíritu que
creó toda una estética, ocupamos la calle con alegría, con imaginación y
con retranca”. Una manifestación, que todavía no está señalada en el
calendario, revivirá a la plataforma al tiempo que comienza el juicio
para los cuatro imputados por la marea negra que el Prestigeregó
sobre la costa gallega. Hace una década de las multitudinarias
movilizaciones que recorrieron Galicia y Madrid a la llamada de Nunca
Máis para protestar y pedir dimisiones por la gestión del desastre y
cuatro años desde que la plataforma resucitó en plena oleada de
incendios. El músico Xurxo Souto y la actriz Isabel Risco volvieron a
desplegar ayer la bandera de Galicia negra por el chapapote que se
convirtió en el símbolo de Nunca Máis. “La causa de la naturaleza es
intrínseca a la ciudadanía. Nunca Máis es una referencia a nivel
mundial”, justificaron.
La plataforma está personada como acusación en el juicio, que arranca
el 16 de octubre y durará más de siete meses, porque “pedir justicia es
el mínimo imprescindible”. Es precisamente la actividad judicial lo
único que se mantuvo operativo —un pequeño grupo de trabajo seguía la
causa— de Nunca Máis en los últimos años. Souto reivindicó ayer que fue
el papel de la plataforma en el juicio el que consiguió “que el Gobierno
español esté imputado”. El ex director general de Marina Mercante José
Luis López Sors compartirá banquillo con el capitán, Apostolos
Mangouras, y dos miembros de su tripulación. Aún así, Nunca Máis echa en
falta imputaciones para el entonces ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos; el expresidente del Gobierno José María Aznar o el
fallecido expresidente de la Xunta, Manuel Fraga. “Por supuesto deberían
estar ahí”, zanjó Souto.
El músico consideró que es paradójico que “el señor de los hilillos”
—en referencia a Rajoy, entonces ministro de Interior, que dijo que del
barco solo salían unos hilos como de plastilina— sea ahora presidente de
España y que el exdelegado del Gobierno en Galicia Arsenio Fernández de
Mesa esté a cargo de la Guardia Civil.
“El Gobierno de España ha gastado 26 millones para llevar a juicio a
la clasificadora ABS en Estados Unidos y poco sabemos del impacto del
fuel sobre animales o voluntarios o qué se hizo con los residuos”,
afirma Souto. El acto terminó con la reflexión de si Galicia está ahora
mejor preparada para gestionar otro Prestige. “Y la respuesta no es buena”, concluyó un miembro de la plataforma.
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