La reforma de
la Ley de Costas, que salvará de la piqueta a miles de chiringuitos y
casas de la playa, ha pasado hoy su primer examen en el Congreso por el
voto mayoritario del PP, a pesar de que la oposición, con cinco
enmiendas a la totalidad, ha pedido su devolución porque sólo "favorece
la especulación".
En su defensa, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado la necesidad de cambiar una
ley, ya vieja (25 años), de "muy difícil aplicación", que ha creado
muchos problemas y no ha sido eficaz en su principal objetivo: la
protección de un litoral que en estos años ha sufrido su mayor
degradación, con la "masificación urbanística".
El ministro ha
recordado que hay más de 10.000 ocupaciones residenciales en dominio
público y solo unas 1.500 están regularizadas con concesiones; también
ha señalado que de las 23.000 ocupaciones no residenciales, más de 1.700
son industriales, y que los 3.000 chiringuitos proporcionan más de
100.000 empleos.
Arias Cañete ha defendido esta modificación por
la necesidad de contar con una herramienta eficaz para compatibilizar la
protección con las actividades humanas económicas que generan empleo y
riqueza.
Las cinco enmiendas a la totalidad, del grupo socialista,
Izquierda Plural, UPyD, Compromís y ERC, han sido tumbadas por los
votos del mayoritario grupo Popular, en un refrendo en el que PNV y CiU
se han abstenido.
El resto de la oposición ha coincidido en
criticar la omisión del cambio climático y de la subida del nivel del
mar en esta reforma y el favorecimiento de los intereses privados en
detrimento de los públicos.
Así el diputado socialista Jose Luis
Ábalos ha considerado que es una reforma hecha a la carta para favorecer
los intereses patrimoniales de determinada clientela y quiere acabar
con una ley, la del 88, que cuestionó el "derecho sacrosanto" de
propiedades privadas que no tocaban porque eran patrimonio de todos.
Para
Toni Cantó, de UPyD, la reforma no protege la integridad del dominio ni
preservar su uso común y ha augurado que el resultado de su aplicación
será el de una edificación masiva.
Argumentos similares ha
esgrimido Laia Ortiz, de Izquierda Plural, quien ha acusado al ministro
de "desfachatez", por afirmar que la actual ley no es útil.
El
hecho de que la reforma no tenga en cuenta la "obvia" subida del nivel
del mar y el importante perjuicio económico que puede causar, ha sido
destacado por Joan Baldoví, de Compromis, y Teresa Tarda, de ERC.
El
proyecto de ley de modificación de la Ley de Costas de 1988, prevé,
entre otras cuestiones, ampliar a 75 años más las concesiones de los
3.000 chiringuitos y las cerca de 10.000 viviendas construidas en el
dominio público marítimo terrestre.
Entre las novedades de la
futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que
supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá
actuar al Gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras
contrarias a la ley.
La reforma contempla además la amnistía para
barriadas históricas situadas en Girona (Empuriabrava y Platja de Aro),
Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel y Puerto de Santa Pola),
Valencia (Oliva) y Málaga (El Palo y Pedregalejo). EFE
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