En una rueda de prensa conjunta celebrada hoy en Madrid por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN)
ECOticias.
La eólica espera una pérdida de ingresos de unos 6.000 millones
hasta 2020. las medidas afectan a los cerca de mil pueblos de España que
tienen parques eólicos. Los últimos recortes aprobados por el Gobierno
para la eólica suponen un golpe letal para el sector. Por ese motivo,
asociaciones eólicas de toda España han decidido unir sus fuerzas para
intentar por todos los medios que el Gobierno dé marcha atrás y
reconsidere las medidas.
En una rueda de prensa conjunta celebrada hoy en Madrid por la Asociación Empresarial Eólica (AEE),
la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de
Andalucía (APREAN), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de
Aragón (AEA), la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), la
Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN), la Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla-La Mancha (APRECAM), la Asociación de
Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), la Asociación
Eólica de Cataluña (EOLICCAT) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA),
el sector denunció la grave situación a la que se ve abocado como
consecuencia del Real Decreto-Ley 2/2013. Según cálculos de AEE,
el sector dejará de ingresar unos 6.000 millones hasta 2020 como
consecuencia de estos recortes y del nuevo impuesto del 7% a la
generación. La eólica ya ha perdido 15.000 empleos desde finales de 2008
y estima que se puede destruir una cantidad similar de puestos de
trabajo a consecuencia de las nuevas medidas a lo largo de los próximos
meses.
“Estamos convencidos de que con diálogo se pueden encontrar
soluciones. Pero, si el Gobierno no lo entiende así, estamos dispuestos
a hacer lo que sea necesario para evitar que unas medidas como éstas
destruyan a nuestro sector”, señalaron las asociaciones.
La eólica es la tecnología más afectada porque se ha eliminado la
posibilidad de retribución con el precio del mercado más prima, así como
por la reducción de los parámetros con los que se actualiza la
retribución. Con las nuevas medidas, la rentabilidad de las
instalaciones eólicas está muy lejos de garantizar la rentabilidad
razonable que exige la Ley del Sector Eléctrico. El eólico es un sector
muy endeudado, y los cambios normativos obligan a cambiar su previsión
de ingresos, por lo que un número importante de parques no podrá hacer
frente al pago de la deuda.
Además, las medidas aprobadas por el Gobierno vulneran los compromisos adquiridos con las empresas a través de la regulación anterior, quiebran la confianza legítima en el ordenamiento jurídico español y alejan a los inversores del país.
En cuanto al impacto en las diferentes comunidades autónomas, las
asociaciones eólicas destacaron que las medidas afectan a los cerca de
mil pueblos de España que tienen parques eólicos. Y supondrán una
importante pérdida de riqueza futura porque, bajo estas condiciones, es
muy difícil que se puedan hacer nuevas inversiones en España, lo que
incluye los casi 10.000 MW adjudicados en concursos autonómicos. “Los
inversores necesitan confianza. Y para ello es necesario un marco
regulatorio predecible y estable. Lo contrario de lo que hay en España”,
afirmaron las asociaciones.
También criticaron que se acuse a la eólica de ser culpable del
déficit de tarifa, cuando es la tecnología con una retribución más
equilibrada. En 2012, generó el 47% de la electricidad del Régimen
Especial y percibió tan sólo el 23% de las primas. El sector eólico
entiende que el déficit de tarifa es un problema grave y, con ello en
mente, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno. “Siempre
le hemos tendido la mano al Gobierno para el diálogo. Pero no ha sido
recíproco; y este Real Decreto-Ley se ha aprobado sin consultarnos”.
Además, tampoco se ha tenido en cuenta que el ahorro que supone la
energía eólica al sistema al bajar el precio del mercado eléctrico
permitía financiar las primas que el sector recibía hasta ahora.
Las asociaciones intentan que el Real Decreto-Ley no salga adelante.
Se han presentado alegaciones a la Propuesta de Orden de Peajes que
reduce los parámetros por los que se actualiza la retribución del
sector. Se está hablando con todos los gobiernos autonómicos y partidos
políticos para explicarles la postura del sector y pedirles su apoyo
en forma de acciones que eviten el desastre para la eólica. Se
iniciarán acciones en la Unión Europea, ya que las medidas infringen no
sólo la legislación española, sino también la comunitaria y dan al
traste con el cumplimiento de los objetivos europeos en términos de
consumo de energías renovables. Y se están estudiando todas las medidas
legales posibles.
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