Doñana vuelve a tener que decidir qué camino quiere tomar. Un proyecto gasístico
se ha colado por una rendija de las normas de protección que se han ido
aprobando en las últimas décadas para preservar este enclave declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Las protestas de los grupos ecologistas —a los que se ha sumado IU— se han disparado. Pero la extracción de gas de los yacimientos que hay en el subsuelo del entorno de Doñana
se lleva realizando desde hace tres décadas sin mucho ruido. Lo que se
debate ahora es si esta actividad sigue acotada en el tiempo (es decir,
que finalice cuando se agoten los yacimientos de gas natural de la zona)
o si se consolida.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
le ha dado esta semana el visto bueno al proyecto de Petroleum Oil
Gas-España, filial de Gas Natural, para esta zona. Además de la
extracción, se prevé utilizar en el futuro las cavidades subterráneas
que queden vacías para el almacenamiento de gas, lo que supondría la
consolidación de esta actividad industrial en una zona muy sensible.
Para su tramitación ante el ministerio este proyecto fue dividido en
cuatro partes. El problema ha surgido en dos de ellas, ya que las
actuaciones proyectadas por Gas Natural serían dentro de los límites del
espacio natural. Se trata de los proyectos del Saladillo y el de las
Marismas Oriental, ambos ubicados en los municipios onubenses de
Almonte, Hinojos y en el sevillano de Villamanrique de la Condesa.
Para poder sacar adelante sus planes, Gas Natural necesita utilizar
14 pozos de extracción y una red de tuberías de 70 kilómetros de
longitud. Según la empresa, 50 de esos kilómetros ya están instalados en
la zona y lo que plantea es renovar las canalizaciones existentes.
Veinte kilómetros de la red de gasoductos serían de nueva construcción y
trazado. Y, de esos, 15 kilómetros estarían dentro de los límites del
parque natural de Doñana, pero no dentro del parque nacional, la zona de
máxima protección. En el caso de los pozos, nueve de los 14 ya existen.
Y de los cinco nuevos sondeos que se deberían acometer, tres estarían
ubicados dentro del espacio natural, según la información facilitada por
la compañía.
Aunque el proyecto —con una inversión prevista de 200 millones de
euros y un plazo de ejecución de tres años— tenga el visto bueno del
ministerio todavía debe completar su tramitación. El último permiso lo
tendrá que conceder el Ministerio de Industria por tratarse de una
actividad relacionada con los hidrocarburos.
Pero el quid estará en la tramitación que Gas Natural tiene
que completar ante la Administración andaluza. IU, que gobierna en la
Junta con el PSOE, ha mostrado un rechazo rotundo al proyecto. Los
miembros socialistas del Ejecutivo regional han sido menos contundentes,
aunque afirman que estarán “vigilantes” para que se cumpla la normativa
ambiental.
La Junta de Andalucía también fue consultada durante el proceso de
tramitación de la declaración de impacto ambiental. El ministerio
reclamó un pronunciamiento claro a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. En concreto, el departamento de Arias Cañete exigió a
la Junta en un escrito de mayo de 2012 que emitiera “el correspondiente
certificado de no afección a Red Natura 2000”. Este informe, potestad
del Gobierno regional, puede bloquear un proyecto ubicado en una zona
protegida.
La Junta respondió al ministerio que no tenía intención de
pronunciarse aún. La delegación de la Consejería de Agricultura en
Huelva está tramitando la Autorización Ambiental Unificada del proyecto
gasístico, otro requisito indispensable para que puedan comenzar las
obras. Y la consejería no elaborará el informe de afección a la Red
Natura hasta que complete ese trámite.
Como ha ocurrido en otros casos —por ejemplo, con el oleoducto de Balboa o con la ampliación del dragado del Guadalquivir—, el Gobierno andaluz se guarda una última carta para poder paralizar una actuación polémica con repercusiones para Doñana.
Lo que sí hizo la Administración regional fue trasladar al ministerio la opinión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
Diez de los 13 miembros de la comisión permanente de este órgano —entre
los que figuran los representantes de la Administración central y
autónoma— aprobaron el 14 de noviembre de 2011 un acuerdo en el que se
señalaba que no se veía “inconveniente” en el proyecto de almacenamiento
de hidrocarburos. Los dos representantes de los grupos ecologistas
rechazaron el acuerdo.
Pero en el texto aprobado por el Consejo de Participación se afirmaba
que las actuaciones deberían adaptarse “a lo considerado como
compatible en el informe jurídico” que habían realizado los letrados de
la antigua Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2011. En ese
informe, que carece de conclusiones, se señala que en las zonas de
reserva del espacio protegido (las denominadas zonas A) no está
permitida la construcción de “nuevas” infraestructuras y edificaciones
como las contenidas en el proyecto de Gas Natural.
La duda ahora es si el trazado del gasoducto está dentro de esa zona A
de máxima protección y si las actuaciones de renovación de las
canalizaciones encajan en la normativa de protección del parque. Los
técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente serán
los que estudien este asunto para tratar de averiguar si el proyecto de
Gas Natural es compatible con la legislación ambiental. La Junta tendrá
que decidir hacia dónde caminará Doñana.
Agravios y Felipe González
El visto bueno que el departamento de Miguel Arias Cañete ha dado al
proyecto de Gas Natural ha sentado bastante mal entre los defensores del
oleoducto que el Grupo Gallardo quería construir, cuyo trazado pasaba
por el entorno del espacio protegido de Doñana. La Plataforma Refinería
Sí ha criticado el trato “discriminatorio” que el Gobierno central ha
tenido con este proyecto, que recibió una declaración de impacto
ambiental negativa en marzo de 2012. Esta plataforma entiende que el
Gobierno central ha tenido una “distinta vara de medir” en un caso y en
otro.
A la polémica por el proyecto de Gas Natural, que incluye una red de
gasoductos de 70 kilómetros, ha contribuido que el expresidente Felipe
González, consejero de Gas Natural, presidiera el Consejo de
Participación de Doñana hasta mediados de diciembre. El único órgano que
se ha pronunciado sobre el proyecto ha sido la comisión permanente del
Consejo de Participación, donde no ha estado presente el expresidente
del Gobierno.
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