Se trata de
medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa
por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el
sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance
ECOticias.
Considera
inaceptables unas medidas que vulneran la ley, quiebran la seguridad
jurídica y ponen al sector en una situación insostenible. El
sector eólico considera inaceptables las medidas adoptadas hoy por el
Consejo de Ministros en relación al sector. Aunque no ha tenido acceso
al texto del Real Decreto-Ley y no conoce su contenido en detalle, dada
la absoluta falta de diálogo con el Gobierno, la Asociación
Empresarial Eólica (AEE) considera que el paso de todos los parques
eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada eliminando el
resto de posibilidades que contempla la normativa, así como la
reducción de los parámetros con los que se actualizan las primas, ponen
al sector eólico en una situación insostenible.
Se
trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como
la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007,
por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su
alcance, tanto en España como a nivel europeo. Asimismo, van en contra
del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.
Estas
medidas han llegado además en un momento en el que el sector está
intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo
constructivo con el Gobierno para plantear su futuro. La Ley del Sector
Eléctrico establece claramente que los cambios normativos deberán
hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar
por el Consejo Consultivo de la Electricidad. Y lo que es más grave,
indica que toda norma deberá respetar el principio de rentabilidad
razonable, contra el que estas medidas atentan claramente.
La
mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se
encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución
que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las
posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007. Tener que
optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada (la posibilidad
de ir a mercado sin prima también existe, pero es inviable con los
precios presentes del mercado y las previsiones futuras) supone alterar
por completo las condiciones con que las empresas hicieron las
inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron
que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones. Ello vulnera,
una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza
legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las
empresas y aleja la inversión del país.
En
la misma línea, el hecho de que los incentivos pasen a actualizarse en
base a la inflación subyacente (que no incluye ni los productos
energéticos ni los alimentos no elaborados) a impuestos constantes en
vez del IPC supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez
del aumento del que habla el Gobierno. Cuando las empresas del sector se
plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta
los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a
percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de
la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en
muchos casos, clave para que un proyecto sea viable.
La suma de las dos medidas aprobadas hoy tendrá un impacto de unos 300 millones de euros para las empresas eólicas en 2013.
El
sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja
temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo
impuesto del 7% a la generación. Si a todo ello se le añaden ahora
medidas retroactivas, se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector
fuertemente apalancado –de modo que muchos parques pasarían a los
balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el
sector inmobiliario- y supone una fuerte pérdida de competitividad. Se
trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector,
sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de
inversión por la vulneración del principio de confianza legítima. En
total, el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de
euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación.
Además,
en 2013 la cantidad total de primas que el sector percibiría
respetando la normativa a actual sería de unos 1.950 millones, según
los cálculos de AEE, una cantidad muy similar a la recibida en 2012.
Estas
medidas retroactivas aprobadas hoy son la gota que colma el vaso y
pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en
España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y
es un referente a nivel mundial. Debido a la incertidumbre regulatoria,
ya se ha destruido el 40% del empleo generado por el sector en España,
una tendencia que continuará si el Gobierno no le pone remedio.
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