La norma
aprobada en el último Consejo de Ministros se hace sin haber hecho un
diagnóstico correcto de la crisis en la que está sumido el sector
eléctrico y sin haber aclarado las sombras que se describieron
perfectamente
ECOticias.
Las renovables nos son las culpables del déficit de
tarifa, el problema de fondo es el sistema en sí y el método de
conformación de precios.
En el primer aniversario del RDL 1/2012 de moratoria renovable el
Gobierno persiste en el error con la aprobación del Real Decreto-Ley
2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y
en el sector financiero publicado en el BOE el pasado sábado. A pesar
de haber frenado las renovables en 2012, la luz ha seguido subiendo y
el déficit tarifario descontrolado. Desde la Fundación Renovables constatamos que sin más renovables, la insostenibilidad económica del sistema eléctrico continua agravándose.
A este fracaso se responde con un nuevo Real Decreto Ley –y van cuatro-
que insiste en levantar más barreras a las renovables pero que no va a
impedir que el déficit de tarifa siga creciendo. La Fundación
Renovables afirma que se vuelve a dar un paso atrás, que además es tan
inútil como los anteriores, en el pretendido objetivo de atajar el
déficit y que solo sirve para desmantelar más todavía el sector
renovable.
La norma aprobada en el último Consejo de Ministros se hace sin
haber hecho un diagnóstico correcto de la crisis en la que está sumido
el sector eléctrico y sin haber aclarado las sombras que se
describieron perfectamente en el informe de la CNE sobre la no aprobada
orden de tarifas y que cifraba la diferencia entre ingresos y gastos
del sistema en cerca de 9.000 M€ y en el que se expresaba que cerca del
28% de los ingresos previstos carecían de base normativa. Lo acordado
el viernes es una medida parche para garantizar unos pocos ingresos al
sistema, seguir tirando durante 2013 y no abordar el problema de fondo como es el método de conformación de precios de la electricidad que ni se toca ni se cita.
Esta nueva norma no trata de dar respuestas a la CNE, ni siquiera de
proteger a los consumidores como declaraba demagógicamente el Ministro
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
en la rueda de prensa posterior al Consejo. Tampoco establece bases
sólidas para restablecer la sostenibilidad del sistema. En realidad solo
se trata de proteger el rating de las empresas eléctricas dañado desde
hace cinco años por el continuado descenso de la demanda eléctrica y
por la ruina de los bancos que ya no pueden adelantarles el déficit
tarifario. El impacto de la crisis en el sistema eléctrico es el que se
debería de tener en cuenta en cualquier modificación regulatoria antes
que reiterar los mayores e injustificados ataques a las renovables como
culpables de todos los males de este país. A la vista de las nuevas
medidas del Gobierno se puede afirmar que la crisis del sistema
eléctrico seguirá agravándose en 2013 con más déficit tarifario y nuevas
subidas de la luz.
Porque los verdaderos datos de la crisis del sistema eléctrico no
son el coste de las primas de las renovables sino los 27.123 MW de
centrales de gas, instalados gran parte de ellos después de 2008, con
un descenso de la demanda eléctrica que ha hecho que solo en 2012 la
producción de los ciclos combinados de gas haya descendido un 23%, pero
con la obligación contractual de seguir aumentando las compras de gas
argelino. Con el descenso de la demanda eléctrica las importaciones
energéticas han seguido creciendo hasta constituir el 86% de todo
nuestro déficit comercial. En 2012 el déficit tarifario ha crecido cuatro veces más que el coste de las primas a las renovables.
La culpa no es de las renovables sino de los apoyos a un modelo basado
en el crecimiento del consumo de energía importada del exterior. Este
modelo es incompatible con un escenario de crisis de demanda, pero todas
las medidas contribuyen a mantenerlo incrementando desmesuradamente
los pagos por capacidad, los pagos por ajustes y restricciones técnicas
y eliminando todas las ayudas a políticas de ahorro y eficiencia
energética.
Una vez más se cuestiona la imagen del país con medidas retroactivas
contra las instalaciones renovables. La seguridad jurídica se pasa por
alto con una facilidad más propia de economías tercermundistas. Se sigue incumpliendo la promesa de una reforma energética y se sigue regulando en contra de las directivas europeas.
Es poco serio que frente a las afirmaciones rotundas de desprecio y
ataque a la única fuente de energía que tiene España, como son las
renovables, que al entrar a coste cero en el sistema son siempre un
ahorro y un beneficio para el país, no se pongan encima de la mesa las
cuentas claras de los riesgos de nuestra elevada dependencia energética
para ocultar la evidencia de que las energías renovables son más
baratas que importar gas de Argelia. Pero con este nuevo Decreto se
trata de proteger también la opacidad y la falta de competencia del
cártel eléctrico que hoy está en el punto de mira de todas las agencias
de calificación.
Igual que hace un año se hace pagar a los consumidores y a las
renovables la factura de la crisis del sistema eléctrico provocada por
la mala gestión de la política energética y de las empresas energéticas
desde el inicio de la crisis. A este respecto cabe destacar que la
salida de la opción de mercado de las instalaciones renovables
aumentará el coste de la gestionabilidad de los desvíos que una vez más
pagarán los consumidores y cobrarán las empresas del sector
convencional.
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