El Gobierno ha
anunciado la aprobación inminente de un importante paquete de medidas
entre las que estarán incluidas algunas supuestamente destinadas a
reducir el déficit de tarifa
ECOticias.
La creación de una tasa a la generación renovable además de disparatada supondría
el descrédito total de la seguridad jurídica de nuestro país.
el descrédito total de la seguridad jurídica de nuestro país.
El Gobierno ha anunciado la aprobación inminente de un importante
paquete de medidas entre las que estarán incluidas algunas supuestamente
destinadas a reducir el déficit de tarifa, cuyo contenido ni ha sido
objeto de un proceso de diálogo con los agentes del sector ni ha sido
informado por los órganos competentes como la Comisión Nacional de la
Energía, Consejo Consultivo de la Electricidad incluido. Lamentablemente
tampoco es parte de una estrategia energética a medio y largo plazo, en
línea con las hojas de Ruta 2050 de la UE, estrategia vergonzosamente
inexistente y cuyo solo enunciado invalidaría acciones como esta.
Ningún responsable del área energética, ni de la económica, han dado la
mínima información sobre las intenciones del ejecutivo y solo existen
algunas filtraciones a los medios de comunicación (ni confirmadas ni
desmentidas) que, excepcionalmente y por su gravedad, merecen una llamada de atención al Gobierno para que no incida en el error que supuso el RDL 1/2012,
norma que cercena el desarrollo futuro de las renovables, asestando
ahora un golpe que, de ser ciertas las informaciones aparecidas, sería
mortal para las instalaciones ya en funcionamiento y que una vez más
merecería la reprobación comunitaria.
La creación de una tasa a la generación renovable, como se ha adelantado en algún medio, es, en primer lugar, un disparate normativo,
un verdadero fraude de ley, pues supone quitar a los promotores
renovables una parte de lo que el mismo BOE le ha otorgado en concepto
de incentivos para internalizar sus beneficios medioambientales y
estratégicos. Es aplicar una retroactividad encubierta tratando de
evitar una nueva avalancha de recursos en los tribunales.
En segundo lugar provocará la ruina de un gran número de empresas y particulares
que en su día hicieron una inversión para poner en marcha sus
proyectos, confiando en una retribución fijada en función de unos
determinados costes. Esta ruina de buena parte de las empresas
complicará aún más la situación de la banca española que solo en el caso
de la fotovoltaica tiene un riesgo adquirido de más de 15.000 millones
de euros.
En tercer lugar, esta decisión supondrá enterrar definitivamente el ya maltrecho crédito de la seguridad jurídica en nuestro país,
alejando definitivamente a los inversores no solo de este sector sino
de cualquier otro. La ausencia de información, de diálogo con el sector,
el recurso al RDL sin tramitación parlamentaria y la proliferación de
normas constituyen un conjunto de factores que están haciendo de la
incertidumbre regulatoria la principal característica del sector
energético cuando lo que requiere es precisamente lo contrario.
La medida sería además contradictoria con la política energética europea,
que tanto en la Directiva de Renovables como en la reciente Hoja de
Ruta de la Energía establece que la opción prioritaria son las energías
renovables. No tiene ningún sentido añadir nuevos obstáculos, en este
caso la pretendida tasa, a las fuentes de energía que es necesario
impulsar para que desplacen a las demás.
La pretensión del Gobierno de presentar esta decisión como justicia
salomónica, tal y como ha trascendido, al imponer la tasa también a la
generación convencional, es una auténtica falacia no solo por los
arbitrarios coeficientes que supuestamente se aplicarían sino también
porque mientras las tecnologías renovables han realizado unas
inversiones que están muy lejos de estar amortizadas, en el caso de las
dos tecnologías convencionales más afectadas por esta medida –la nuclear
y la gran hidráulica– es reconocido que, malabarismos contables aparte,
sus inversiones iniciales están amplia y suficientemente amortizadas y
llevan años beneficiándose del precio marginal del mercado con unos
costes de operación muy bajos. Además el sector convencional puede
trasladar inmediatamente esa tasa al precio del mercado mientras que en
el caso de las tecnologías renovables incidirá directamente y de forma
definitiva en muchos casos en la cuenta de resultados.
Por último, la Fundación Renovables reclama que, si
finalmente se impone el criterio de corresponsabilidad del sector
energético, el llamado céntimo verde, para que todos los consumidores
energéticos contribuyan al esfuerzo que está haciendo el sector
eléctrico para una mayor penetración de renovables, esfuerzo que en el
transporte y el consumo energético en edificios no se está haciendo,
tenga ese carácter finalista y no se desvíe a reducir el déficit público, lo que supondría mantener las tensiones en el sistema eléctrico.
El error de partida es que el Gobierno sigue considerando las
renovables como un lastre cuando es en realidad una solución a los
principales problemas que se le reconocen a nuestro modelo energético:
su alta dependencia del exterior, su coste en la balanza comercial y su
alto nivel de emisiones. Las medidas que han trascendido llevan camino,
como las precedentes de este Gobierno y del anterior, de ser parches que no solucionaran nada y menos el déficit de tarifa.
La Fundación Renovables considera imprescindible una reforma a fondo del sistema eléctrico,
con un mercado trasparente y justo que incorpore las externalidades
positivas y negativas de cada una de las tecnologías. Para ello reclama
un acuerdo de las principales fuerzas políticas para abordar
definitivamente los principales retos que tiene planteado el sector
energético con una visión a medio y largo plazo y que abandone el
cortoplacismo y la improvisación que han caracterizado la actuación en
este ámbito tanto de este como del anterior Gobierno. Es condenable que
en lugar de aprovechar la oportunidad que el ahorro, la eficiencia, las
renovables, la rehabilitación energética de los edificios y, en general,
la optimización del sistema energético para salir de la crisis se
camine en dirección contraria para ahondar en la misma en contra de los
intereses de la sociedad.
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