viernes, 28 de octubre de 2011

Oceana reclama que la UE supervise las actividades de gas y petróleo en el mar

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, presentó ayer la propuesta de la Comisión para regular en Europa las actividades petroleras y de gas en mar abierto, una reacción muy esperada al desastre de la Deepwater Horizon de BP, que derramó enormes cantidades de crudo en el Golfo de México en abril de 2010. Oceana aplaude la intención de solucionar las carencias de la actual legislación, en particular reforzando los procesos de autorización y la preparación ante emergencias, y haciendo que los operadores tengan que actualizar continuamente sus prácticas en función de las nuevas tecnologías y riesgos. Sin embargo, Oceana considera preocupante que este reglamento se quede lejos de las expectativas de los colectivos sociales, ya que no permitirá a la UE asegurar que las normas se aplican uniformemente en todas las regiones europeas.
ECOticias.
“No podemos dejar escapar una oportunidad como esta para regular en detalle los proyectos en mar abierto actuales y futuros en Europa. La propuesta de la Comisión Europea se queda a medias, ya que no proporciona los medios adecuados para establecer una sólida cultura europea de seguridad en las operaciones offshore”, afirma Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. “La responsabilidad de regular las plataformas en el mar seguirá siendo de los Estados Miembros, a pesar de que los últimos incidentes declarados en el Mar del Norte, caracterizados por la retención de información, los fallos de mantenimiento y los incumplimientos en materia de seguridad, demuestran la necesidad de una supervisión supranacional”.

Sorprendentemente, la propuesta de la Comisión también hace caso omiso del Parlamento Europeo, que recientemente pedía que la European Safety Maritime Agency (EMSA) se involucrara más en las verificaciones. Oceana reconoce el papel de la EMSA y demanda que emplee su experiencia en facilitar la puesta en marcha de estándares elevados en las actividades en mar abierto. Esto supondría en última instancia reducir los riesgos para los ciudadanos europeos, al tiempo que generaría importantes economías de escala y aumentaría la transparencia del sector.

Oceana considera alarmante que el reglamento ignore por completo la existencia de mecanismos aseguradores para garantizar que los operadores puedan pagar por las consecuencias de un posible incidente, como por ejemplo intervención de emergencia, limpieza y recuperación. Esta ha sido una de las mayores lecciones dejadas por el desastre de BP. Es esencial incorporar a la legislación europea la obligación de contar con un seguro de responsabilidad ilimitada para asegurar que los operadores respondan al cien por cien.
“La Comisión ha adoptado una postura bastante imprecisa que permitirá seguir como hasta ahora”, añade Nicolas Fournier, coordinador de la oficina de Oceana en Bruselas. “Hay que reforzar la prevención con controles europeos más estrictos, especialmente ahora que los sondeos petrolíferos avanzan hacia nuevas fronteras, como la región ártica, donde no se aplican los estándares de la industria y prácticamente no hay capacidad de respuesta, rescate y limpieza”.

Aparte, Oceana lamenta que no se enmiende la Directiva de Evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente (85/33/CEE) para que incluya específicamente la fase de exploración de las actividades en mar abierto. En la actualidad, solo se exige a los operadores que realicen una evaluación de impacto ambiental cuando la cantidad de petróleo o gas extraído exceda de determinada cantidad al día. Por tanto, la evaluación no es obligatoria ni para la mayoría de las actividades exploratorias ni para fines de investigación.

Sin embargo, las actividades que no alcanzan el límite de producción establecido por la directiva pueden causar severos impactos medioambientales. Merece la pena recordar que la plataforma Deepwater Horizon hacía perforaciones en el pozo exploratorio Macondo antes de explotar, y que bajo la actual legislación de la UE probablemente no habría tenido que realizar una evaluación de impacto ambiental.

Finalmente, Oceana considera lamentable que la Comisión restrinja este reglamento a operaciones en aguas de la UE, y no pretenda poner en práctica los mismos estándares medioambientales y de seguridad para las empresas europeas que operan fuera. Parece descartado el requisito de que la industria emplee las mismas prácticas en todos los lugares donde opere, que era lo que inicialmente pretendía la Comisión y lo que el Parlamento Europeo apoyaba.

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