Las asociaciones ecologistas y animalistas que suscriben este
comunicado denuncian la ilegalidad de las propuestas de gestión del Lobo
y de los montes trasladadas la tarde del jueves 3 de octubre por la
Consejera de Agroganadería, la Directora General de Ganadería, la
Directora General de Recursos Naturales y el Director de Política
Forestal a una delegación de asociaciones ganaderas que hemos conocido
por la prensa.
El monte asturiano está siendo constantemente agredido por el fuego, y
prueba de ello es que Asturias está entre las comunidades autónomas que
más incendios registra al año, tanto en número de siniestros como de
hectáreas abrasadas, dato que debería abochornar al Director de Política
Forestal y que demuestra que la torpeza en la gestión de los montes es
mayúscula y que sus consecuencias futuras no son difíciles de predecir.
Permitir que el sector ganadero gestione la quema de los montes, además
de una dejación de funciones, supone pergeñar en la ilegalidad, pues si
algo ha quedado demostrado tras las investigaciones periciales
pertinentes de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado
de Asturias es que, detrás del 83% de los incendios forestales, está el
interés ganadero de ganar terreno al bosque para la creación de pastos.
Las facultades que los ciudadanos han otorgado a través de las urnas a
los gobiernos y cargos políticos solo pueden ser legítimamente ejercidas
en atención a fines públicos, para asegurar la protección de la
integridad de los ecosistemas y la preservación de sus características, y
no para condicionar abusivamente la utilización del territorio,
perjudicando valores ecológicos y medioambientales. El deterioro de las
masas forestales sometidas tanto a la enorme presión ganadera como a la
eliminación mediante el fuego de especies arbustivas y zonas arbóreas
para obtener pastos, es patente y debe cesar, y el dato del número de
incendios registrados anualmente en nuestra región pesa fatalmente en
contra del ejercicio de la ganadería del modo en que se viene
desarrollando en los terrenos de titularidad pública.
En todo caso, la autorización que eventualmente se otorgue a los
ganaderos para que, por sí mismos, incendien terrenos en espacios
públicos, es de gravedad suficiente como para que se justifique la
intervención del Derecho penal. Y así pues, en el caso de que la quema
se convierta en un incendio, las asociaciones ecologistas exigiremos la
responsabilidad penal y condena del funcionario público responsable de
la autorización, así como del ganadero implicado en el resultado lesivo,
pues está previsto que, quienes intervengan de forma decisoria en la
resolución que autorice dichas quemas susceptibles de causar un grave
perjuicio para el medio ambiente, puedan ser enjuiciados. Así lo ha
declarado el Legislador, que ha percibido la necesidad de intensificar y
avanzar en la tutela penal en el sector medioambiental por la
afectación a intereses generales particularmente sensibles, en el
sentido de que se castiguen comportamientos como los que propugnan los
responsables políticos a través de la declaración de sus intenciones.
Con igual contundencia, las asociaciones que suscriben este comunicado
se oponen a la gestión del Lobo esbozada por los gestores referidos
consistente en permitir que los cazadores, en el transcurso de batidas
de caza, puedan disparar sobre ejemplares de lobo ibérico. Los
ciudadanos tenemos derecho a esperar, y también a exigir, que los
responsables políticos regresen a la ley y a la normativa, aunque nada
más sea para hacer una efímera visita, pues será suficiente para
advertir que, a quienes obtienen licencia de armas para el ejercicio de
la caza, solo les permite la Ley de Caza disparar sobre especies
catalogadas como cinegéticas, y el Lobo no está catalogado como tal. Y
en tal contexto, los ecologistas no cesaremos en el esfuerzo para evitar
que se produzca el menor asomo de ilegalidad.
El planteamiento de la gestión que se pretende realizar sobre la
especie lobo es disparatado, cede a la tiranía de la ignorancia, es un
desacato moral contra la naturaleza, demuestra una debilidad penosa en
los órganos de gestión que se acercan cada vez más al estado de
transgresión crónica de las normas, y se opone a las exigencias de la
razón y de la justicia, pues está científicamente demostrado que matar
lobos no es la solución al problema de los daños a la ganadería, y que
dicha solución reside en el ejercicio diligente del aprovechamiento
ganadero extensivo.
La declaración de intenciones de los responsables políticos referidos, a
quienes les ha resultado tan fácil alinearse en las filas de quienes
mantienen contienda contra todo lo natural, y en especial contra el lobo
y los bosques, resulta nítidamente incompatible con el cometido de su
encomienda pública y la delimitación de sus funciones, y las
asociaciones ecologistas y animalistas les recuerdan que, al igual que
ocurre respecto de otros bienes generales y socialmente sensibles, como
son la ordenación del territorio y el Patrimonio Histórico, se ha
adelantado ya la barrera punitiva que castiga como prevaricación
específica la emisión de autorizaciones que incidan negativamente en el
bien jurídico del medio ambiente, y por ello no ahorraremos esfuerzos en
someter a revisión judicial cada una de las actuaciones administrativas
anunciadas.
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