El Estado quiere vender La Almoraima.
El jubilado Fernando Expósito pide el café con leche de media mañana y
duda. "La finca le podría dar trabajo a todo el pueblo", reflexiona este
vecino de Castellar de la Frontera, un pueblo gaditano con 3.200
habitantes censados y 480 en paro. "Pero el día de mañana nos podemos
ver sin finca y sin dinero", continúa Expósito. Fuera de la cafetería
dos pancartas —una colocada en el quiosco del parque y la otra en el
Ayuntamiento— rechazan la venta de La Almoraima, ubicada en este
municipio. Aunque, quizás, lo más certero sea cambiar el orden:
Castellar de la Frontera, ubicado en la finca La Almoraima. Porque las
14.113,1 hectáreas del latifundio ocupan el 77,88% de la localidad. La
Almoraima es tan grande que dentro cabría la ciudad entera de Sevilla
(141 kilómetros cuadrados) o 20 colonias del tamaño de Gibraltar (siete
kilómetros cuadrados).
El Estado es el propietario de los terrenos desde que se los expropió al roteño José María Ruiz-Mateos en 1983. Pero el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
ha reconocido que aspira a venderlos. Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Castellar, incluido el PP, rechazan la privatización. El
Gobierno andaluz también se opone a que el Estado se desprenda del
latifundio, donde trabajan alrededor de 100 personas.
La Almoraima es enorme y hermosa. Cuando se asciende por sus lomas y
se dejan atrás el pueblo y las dehesas, se apoderan del paisaje los
alcornoques, quejigos y acebuches. Desde los cerros rematados por pinos
de repoblación, parece que Gibraltar se pueda rozar con los dedos.La
vista del Estrecho es uno de los encantos de este pulmón verde, ubicado a
menos de cinco minutos en coche de las chimeneas del polo químico del
Campo de Gibraltar. El 90,4% de la finca está dentro del Parque Natural
de Los Alcornocales, donde pocas actuaciones agresivas se podrían
autorizar a priori. Pero el meollo de esta historia está en ese casi 10%
que no está protegido y donde el Gobierno apuesta ahora por una
reconversión hacia el turismo más exclusivo —asociado a la caza— para
hacer más atractiva la venta del latifundio.
"Aquí veo un Ritz, un Four Seasons, un Mandarin Oriental... Un gran resort".
Isabel Ugalde Ruiz de Assin, exdiputada del PP, es la directora gerente
de La Almoraima SL, la sociedad dependiente del ministerio propietaria
de los terrenos. Ugalde, en el cargo desde marzo de 2012, cree que ha
llegado el momento de poner fin a los 30 años de gestión pública. "Forma
parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea", responde
cuando se le preguntan las razones por las que el Estado debe
desprenderse de este patrimonio.
La gerente de esta sociedad pública —cuyos principales ingresos
llegan ahora de la venta del corcho— calcula que este año estará listo
el pliego para el concurso público de venta. Su intención es que la
operación se cierre en 2014. Aunque se resiste a ofrecer cifras, Ugalde
da por buena una horquilla de venta de entre 180 y 250 millones. "Hay un
montón de gente interesada", sostiene la gerente, que se niega a
facilitar el nombre de alguno de esos potenciales compradores. Pero,
¿qué perfil tendrían? "Inversores con capacidad. Podría haber un
propietario de la finca y una cadena hotelera operando el resort".
163 kilómetros de cercados
La caza es uno de los alicientes que se destacan en el plan especial para potenciar el turismo.
"La demanda de caza sigue en aumento, siendo su principal problema el número excesivo de individuos, que acarrea problemas de regeneración en el arbolado y de disminución de calidad en los trofeos", se apunta en el documento. Según el censo realizado en La Almoraima en 2.004, en la finca hay "1.526 ciervos, 1.585 muflones y 3.160 gamos".
Pero en el latifundio también hay aprovechamientos ganaderos. Hay 1.100 cabezas de ganado vacuno y 1.300 de ovino.
Otra parte de la finca (720 hectáreas) se destina a la agricultura de
cereales, girasol y algodón. 246 hectáreas son de regadío y 474 de
secano.
Pero todo son hipótesis de momento. La Junta de Andalucía —en manos
de PSOE e IU— y el Ayuntamiento de Castellar —gobernado por IU gracias
al apoyo del único concejal del PP— rechazan la privatización. Es
complicado que estas dos Administraciones puedan frenar la operación,
pero sí pueden no aprobar el Plan Especial de Ordenación de Usos de la
Finca La Almoraima, que Ugalde comenzó a tramitar ante el Consistorio de
Castellar en noviembre de 2012. El documento dibuja y allana el viaje
de la finca desde los actuales usos agrícolas y forestales hacia el
turismo del nivel más alto.
La explotación del corcho supone ahora el principal ingreso del
latifundio. La Almoraima logró en 2011 algo más 840.000 euros de
beneficios con esta actividad. En total, la sociedad cerró ese ejercicio
con unos beneficios de 66.000 euros antes de impuestos.
Pero el plan especial ideado por Ugalde propone un giro radical.
Prevé adaptar y rehabilitar para usos turísticos 14 pequeñas
edificaciones existentes dentro del parque natural. Se trata de seis
antiguos cortijos y ocho viviendas para los guardas. Fuera del espacio
protegido, se contemplan las acciones de más envergadura: un hotel de
cinco estrellas "gran lujo", un centro ecuestre, campos de golf y un
aeródromo "para uso turístico, deportivo y recreativo". "Posiblemente,
también uno de polo", indica Ugalde.
El Estado es el que está tramitando el plan que ofrecería el amparo
legal para todas esas construcciones, pero el desarrollo del proyecto lo
realizaría el comprador de la finca. Ugalde se niega a facilitar cuánto
se ha pagado a la empresa malagueña Ejecución del Planeamiento para la
redacción del plan. "Es sospechoso que se gaste dinero público en esto",
critica el alcalde de Castellar, Juan Casanova Correa (IU).
Excepto un aeródromo, en las inmediaciones de La Almoraima ya existen
instalaciones como las previstas por el ministerio. Las lujosas zonas
turísticas de Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz) están muy cerca del
latifundio. Lo que diferenciaría un complejo en la finca es el tamaño.
"No existe en Europa un resort tan grande", dice Ugalde.
También, la caza. En el apartado del plan sobre las potencialidades de
La Almoraima se resalta el "turismo cinegético" como uno de esos
valores. Esta actividad dejó en el latifundio unos beneficios antes de
impuestos de 30.000 euros en 2011. Además, ya existe un hotel de cuatro
estrellas, dentro de un convento del siglo XVII, que está vinculado a
las monterías. El establecimiento tuvo unas pérdidas de 198.000 euros
hace dos años.
"Quieren hacer safaris en Europa. Que los clientes lleguen en su jet
privado y vayan de cacería. Es un modelo que nos chirría bastante",
sostiene el regidor de Castellar, quien rechaza ese "turismo de élite".
El regidor no tiene intención de aprobar la planificación turística
ideada por el ministerio. "Podrían vender la finca sin el plan de usos
aprobado, pero no valdría tanto", avisa el alcalde. Casanova quiere
reunirse con el ministro. Pone dos condiciones para dar el visto bueno
municipal al plan especial: que la privatización se pare y que se
admitan las propuestas del Ayuntamiento para potenciar también en la
finca las energías renovables y la agroindustria.
Ugalde está dispuesta a aceptar las demandas del Consistorio
relacionadas con las renovables y la agricultura. Pero la venta del
latifundio parece innegociable. La gerente explicará este lunes a la
junta rectora del parque de Los Alcornocales la operación y el plan
especial.
"Es un patrimonio de los españoles y no queremos que se venda. Que
cambie la gestión, porque es posible hacerla más rentable", dice Juan
Lozano, presidente del comité de empresa de La Almoraima SL. "Lo que hay
que hacer es crear más puestos de trabajo y hacer más inversiones",
opina Lozano, miembro también de la plataforma contra la venta a la que
se han adherido ya más de 25 asociaciones, partidos y sindicatos.
La Junta de Andalucía ha pedido al Estado que se la ceda. La nueva
consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, se lo planteará al
ministro en la primera reunión que mantengan. El Parlamento andaluz —con
el apoyo de PSOE e IU— también reclamó el latifundio en abril, antes de
que se confirmara que la intención del ministerio es vender. IU ha
pedido que la Junta estudie ejercer el derecho de tanteo y retracto si
se llega a la celebrar el concurso público.
Pero las opiniones de los partidos políticos han ido cambiando en
pocos meses. En abril, PSOE y PP aprobaron otra proposición de apoyo al
plan especial presentado por la dirección de La Almoraima para potenciar
el turismo. El Ayuntamiento tampoco le puso pegas al proyecto al
principio. Pero, en ambos casos, no estaba confirmada la intención de
desprenderse de la propiedad. El alcalde afirma que creía que las
actuaciones "se iban a hacer desde la iniciativa pública", que no
conocía la venta. "Implícitamente debían saberlo", responde Ugalde,
quien sostiene que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya abrió
la puerta a esta operación en 2010. "¿El Estado puede dedicarse ahora a
hacer proyectos turísticos?", pregunta la gerente de La Almoraima para
defender la privatización de este enorme y bello latifundio.
Una historia de pleitos por la propiedad
La historia de la propiedad de La Almoraima se remonta a 1445, cuando
Juan de Saavedra recibió como premio por sus victorias contra los
musulmanes el señorío de Castellar, que ocupaba todo el término
municipal del pueblo. La enorme finca estuvo en manos de la casa de
Medinaceli hasta finales del siglo XX, hasta que el grupo Rumasa la
adquirió. La compra se cerró en 1973. José María Ruiz-Mateos heredó un
pleito histórico con los vecinos de Castellar, que reclamaban la dehesa
Boyal, unos terrenos dentro de La Almoraima. El pueblo y el propietario
de Rumasa firmaron en 1981 un acuerdo por el que se cedían 527 hectáreas
de la Boyal al municipio.
Dos cuadros destacan en las paredes de la sede del actual
Ayuntamiento. Uno conmemora aquella cesión de tierras para el pueblo. Y,
entre los nombres que aparecen escritos al pie de la pintura, está el
del expresidente Felipe González, que medió para cerrar el pacto con
Ruiz-Mateos. El otro cuadro es de Juan de Saavedra, el primer
propietario de La Almoraima.
El latifundio pasó a manos del Estado en 1983, cuando el Gobierno
expropió los activos del grupo Rumasa. Tras la expropiación, los sueños
de reparto de las tierras se dispararon en la zona. Pero nunca se
concretaron y brotó otro pleito sobre la propiedad. A finales de los
ochenta, la Junta de Andalucía presentó un recurso positivo de
competencias cuando el Estado decidió traspasar la finca al Icona (el
antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza). El Tribunal
Constitucional rechazó en 1994 los argumentos de esta comunidad, que
entre otras cosas pedía que le transfirieran los terrenos. Ahora, tras
30 años de propiedad pública y con el anuncio de la venta sobre la mesa,
la Junta vuelve a reclamar el latifundio al Gobierno.
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