sábado, 26 de octubre de 2013

La Amazonía colombiana diezmada por el desmonte

Caquetá, Guaviare y Putumayo son los departamentos que han perdido más bosques.
Una deforestación que avanza sobre 87 mil hectáreas de bosque, impulsada por la contaminación y la llegada de empresas dedicadas a la explotación de la vegetación, y el incremento de los cultivos ilícitos se han consolidado como dos de los principales problemas que enfrenta la Amazonía colombiana.
Así lo explica la tercera versión del Índice Amazonas 2030 (que incluye además la IV Encuesta de Percepción Ciudadana), un ejercicio liderado por la sociedad civil que busca determinar los impactos de las políticas públicas y las actividades del sector privado en esta región biodiversa del país, que abarca el 42 por ciento del territorio nacional y los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Cauca y Nariño.
El Índice que será presentado mañana jueves y que lideran las fundaciones Etnollano, Gaia y Alisos, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), apoyadas por la embajada del reino de los Países Bajos, dice que la tala de selvas en la Amazonía corresponde al 45 por ciento del total nacional. Caquetá, Guaviare y Putumayo son los departamentos que han perdido más bosques.
Por ejemplo, la medición, que tiene en cuenta información suministrada por organismos estatales, muestra una escala de 1 a 100, donde cero es el peor escenario posible. Y frente a la pérdida de bosques, Caquetá y Putumayo obtienen un puntaje de 7 y 0 respectivamente.
La deforestación es preocupante en la Amazonía, pues genera una reducción muy importante en la capacidad de absorción de dióxido de carbono y perturba el ciclo hídrico de los árboles, que disminuyen su capacidad para captar agua.
"Si perdemos la Amazonía perdemos la lucha contra el cambio climático", explica Martín von Hildebran, director de la fundación Gaia.
En el caso del Caquetá, cuya deforestación se encuentra en estado crítico, se ha pedido a las autoridades para que intervengan en este problema que es consecuencia de la ganadería, la minería ilegal y la extracción de madera.
Teniendo en cuenta la misma escala de 0 a 100, algunos departamentos mostraron un estado normal de dimensión ambiental como Amazonas, Guainía y Vaupés, con un puntaje de 67 puntos, lo que indica que en esa zona el trabajo por la protección de los ecosistemas selváticos es mejor. Sin embargo, allí aún persiste un gran porcentaje de cultivos ilícitos.
Precisamente el tema los cultivos ilícitos se ha convertido en un cáncer en esta región.
Solo en la Sierra de La Macarena, departamento de Meta, estos se han incrementado en un 50 por ciento, cifra revelada por el Censo de Cultivos Ilícitos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos dela ONU (Simci).
Este mismo balance determinó que el 73 por ciento de los cultivos ilícitos en parques naturales nacionales están en Serranía de la Macarena, Nukak y La Paya, tres áreas protegidas situadas en la Amazonía
Putumayo registró 6,148 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos de coca; le sigue Guaviare, con 3,851 hectáreas.
Aunque según el Simci hubo una disminución de los cultivos de coca en algunos departamentos, en la Amazonía la problemática se ha dispersado.
“Los cultivos de coca en Putumayo y Caquetá se caracterizan por una alta dispersión; sin embargo en el 2012 se puede observar una tendencia al crecimiento en el piedemonte al sur del Caquetá y en el sector Caguán – Orteguaza. Las zonas donde más se redujeron se encuentran en la frontera con Ecuador, por actividades de erradicación manual”, asegura el informe.
Los cultivos ilícitos, además de representar una amenaza para los recursos biológicos, son rechazados por la mayoría de la población amazónica.
De acuerdo con la IV Encuesta de Percepción Amazónica que complementa el Índice Amazonas 2030, realizada por Ipsos Napoleón Franco, de las 1.363 personas entrevistadas, el 76 por ciento aseguró que estos han afectado sus vidas, ocupando el primer lugar de percepciones negativas en la zona.
Adicionalmente, es calificado como el problema que más ha perjudicado la salud general.
El conflicto armado es el segundo hecho que más preocupa a los pobladores. Por eso, el 40 por ciento de la población considera que los medios de comunicación deberían dar mayor cobertura al tema de los cultivos ilícitos por encima de temas como la explotación minera, los desastres naturales y el abandono estatal.
Dos de cada tres personas está inconforme con la prestación de los servicios públicos y el 27 por ciento no tiene acceso a Internet o no sabe de qué se trata este servicio.

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