El director de
conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, considera que este
"no era el momento" de modificar esta norma porque está en proceso la
modificación de las directivas hechas.
ECOticias.
Representantes de organizaciones ambientales han advertido de
que la nueva Ley de Evaluación Ambiental que será aprobada este
miércoles por el Congreso de los Diputados tendrá que ser modificada en
menos de dos años para incorporar las nuevas directrices de la Directiva
europea en materia de evaluación ambiental.
El director de conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza,
considera que este "no era el momento" de modificar esta norma porque
está en proceso la modificación de las directivas hechas.
Además, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la
modificación de la norma "no soluciona los problemas" de la Ley de
Evaluación e Impacto Ambiental y ha añadido que "incluso los va a
agudizar más", en casos de proyectos como los de Castor o de Biscarrués y
va a favorecer una mayor inseguridad jurídica tanto para el Estado como
para los promotores.
Atienza opina que el objetivo "más claro" del Gobierno es
"quitarse del medio los expedientes acumulados sobre la mesa" y ha
criticado que esto se podría solucionar de una forma más sencilla sin
tener que cambiar toda la ley.
Por otro lado, el texto ha incorporado en varias enmiendas el
Memorandum del Tajo, acordado hace pocos días entre el Gobierno y las
cinco comunidades autónomas dependientes de este río. "Es el mayor
disparate que se haya podido cometer. Se quita el trasvase del plan de
cuenca del Tajo, que debía ser evaluado ambientalmente para no
evaluarlo", ha lamentado.
De este modo, ha calificado como grave que el trasvase se
convierta en automático y que se fije por ley y sin evaluación ambiental
previa. "Este es el mayor de los despropósitos de la Ley y que desde el
punto de vista formal es grave", ha añadido.
En este sentido, ha mostrado la preocupación de SEO/BirdLife por
el contenido del memorándum ya que da derechos a futuro a Murcia sobre
el agua del Tajo, independientemente de la situación de la cuenca y ha
advertido de que esto puede suponer una responsabilidad patrimonial del
Estado "inmensa".
EL AGUA EN MURCIA, UN PROBLEMA EN EL FUTURO
De este modo se ha referido a un informe de la Fundación de Nueva
Cultura del Agua en el que se indica que hasta ahora los regantes del
Segura no tenían ningún derecho sino expectativas sobre aguas sobrantes,
aunque siempre se les transfería agua, pero ahora, tendrán "muchas más
agarraderas" para exigir esos derechos ante los tribunales.
"Esto es muy grave porque es prácticamente irreversible. El Estado
se está atando de manos con un trasvase que no sabe si va a funcionar
en el futuro", ha alertado, al tiempo que ha recordado que en los
últimos 30 años se han reducido las aportaciones de agua en el Tajo
aproximadamente en un 47 por ciento.
Por su parte, la responsable del Departamento Jurídico de WWF,
Rita Rodríguez ha mostrado también su oposición a una reforma "no
necesaria" porque está en ciernes la reforma de la Directiva europea, lo
que obligará a modificar la Ley española en el plazo de dos años para
incorporar la nueva normativa comunitaria.
Por otro lado, no ve adecuado que se regule de forma conjunta la
evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental porque son
procesos administrativos distintos que responden a directivas europeas
diferentes.
Al mismo tiempo, ha mostrado la oposición de WWF a la introducción
de procedimientos simplificados y a cambiar toda la nomenclatura ya que
la actual estaba incorporada por los ciudadanos y por los implicados en
los procesos y lamenta que no tenga en cuenta el espíritu originario de
la ley ni profundice en los problemas de impacto.
Para Rodríguez, esta ley es eminentemente procedimental porque
reitera cuestiones que ya estaban en la ley de procedimeinto
administrativo, de modo que no resuelve aspectos de la toma en
consideración de la variable ambiental, ni soluciona problemas
ambientales actuales como la evaluación de impacto en los lugares de la
Red Natura 2000, "que es lo que crea más problemas".
Finalmente, lamenta que la nueva Ley aprobada por el Congreso
regula la modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental sin la
participación pública e introduce una nueva modalidad de evaluación, la
de evaluaciones periódicas conjuntas que, a día de hoy, no está
autorizada por las normas de la UE.
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