El Gobierno gallego ha dado el visto bueno este jueves al decreto
que regula el canon del agua, del que finalmente estarán exentos los
pozos y las traídas particulares porque, según ha defendido su titular,
Alberto Núñez Feijóo, "no tiene sentido" que los propietarios que
realizaron "el esfuerzo" de su puesta en marcha paguen "por un servicio
que ya prestaban previamente".
Así, ha reiterado que tendrá un carácter finalista, ya que "el
cien por cien" de la recaudación se destinará a políticas de agua, ya
sea de abastecimiento de saneamiento o de explotación de depuradoras. A
renglón seguido, ha defendido que se introduce un sistema "más
progresivo, más equitativo y más social".
Además, ha argumentado que es "más progresivo" porque la tarifa
doméstica se estructura en distintos tramos, según el consumo real y
porque se tendrá en cuenta el número de personas por vivienda. Ha
recordado que se eliminan "los mínimos" que, a su entender, "incentivan
el consumo innecesario" del agua.
También ha defendido su carácter "equitativo" porque las familias
numerosas contarán con una bonificación del 50 por ciento y aquellas que
se encuentren "en riesgo de exclusión" quedarán exentas de su pago, así
como las entidades sin ánimo de lucro que atiendan a estas situaciones.
En el caso de usos no domésticos, Feijóo ha avanzado que se
incentivarán tarifas beneficiosas para las empresas que depuren sus
vertidos antes de derivarlos a la red general de saneamiento, por lo que
su preocupación medioambiental se traducirá en que "pagarán menos".
COEFICIENTE DE VERTIDO
En cuanto al coeficiente de vertido, ha explicado que se trata "de
una tasa autonómica" sólo para las depuradoras que son sostenidas por
la Xunta. Ha señalado que el objetivo es "equilibrar" y "equiparar" lo
que pagaban los ciudadanos con depuradoras gestionadas por los
ayuntamientos a los que viven en municipios en los que dependen de la
administración autonómica.
Así, ha subrayado que si se paga a un municipio, no se pagará a la
Xunta. "A partir de aquí, la Xunta se podrá hacer cargo de las
depuradoras que los ayuntamientos no quieran explotar", ha añadido.
DECRETO DEROGADO
El Consejo de la Xunta también ha acordado la derogación del
decreto sobre fluoración de las aguas potables de consumo público. Esta
norma establecía la obligación de fluorar las aguas de consumo público
en Galicia.
La decisión llega, según ha informado el Ejecutivo en un
comunicado, porque los estudios muestran que existe una concentración
óptima de flúor en las aguas aptas para el consumo y que estas cumplen
los criterios técnicos correspondientes.
OTRAS ACTUACIONES
Por otra parte, Núñez Feijóo ha anunciado que la Xunta invertirá
más de 700.000 euros "en la ampliación y mejora" de la estación de
tratamiento de agua potable de Teo (A Coruña). El coste total de la
actuación, cofinanciada por Aguas de Galicia y el Ayuntamiento es de 1
millón de euros y la previsión del Gobierno gallego es poder licitar la
obra a principios de este verano.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico colaborará con el Ayuntamiento
de Melón en la dotación de saneamiento en diferentes núcleos mediante la
aportación más de 365.000 euros. Del proyecto, que actuará sobre
localidades como Valmourisco, A Costa do Cuco, O Retiro, A Fonte Santa,
Negrelle y Quins, se beneficiarán un total de 1.475 vecinos.
Por último, la Xunta ha aprobado la prevalencia de la utilidad
pública del proyecto de una subestación eléctrica sobre terrenos de un
monte vecinal en Ribadeo (Lugo). El acuerdo del Consello comprende una
superficie de 1,18 hectáreas del monte en mancomún de Os Chaos,
perteneciente a la comunidad de Piñeira, en este ayuntamiento.
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