La imagen de los policías en cerros o en carreteras lanzando gas
lacrimógeno y disparando a poblaciones contrarias a proyectos mineros es
cada vez más frecuente en Perú.
Esta vez, a la provincia de Espinar Cusco (sierra sur) no ha llegado el
diálogo, sino cerca de 1.200 policías para resguardar la minera
Xstrata-Tintaya. El saldo de dos muertos y al menos 13 civiles heridos
ha llevado al gobierno a declarar esta noche el estado de emergencia
durante 30 días en esa localidad.
Era el octavo día de protestas, lideradas por el Frente de Defensa de
Espinar, para pedir la intervención del Gobierno central en sus quejas
contra la minera. El Frente agrupa a dirigentes de comunidades afectadas
por la contaminación causada por la extracción de cobre y a líderes que
desde noviembre pedían a la empresa renegociar un acuerdo de
responsabilidad social.
El sábado pasado, el Frente esperaba una comisión de viceministros
enviada por el Gobierno, pero estando en Cusco -a siete horas del
destino-, los funcionarios evaluaron que no había garantías suficientes
en Espinar, por lo que no acudieron a la reunión.
Esta noche, el primer ministro, Oscar Valdes, ha afirmado en una conferencia de prensa que el Gobierno de Ollanta Humala
“quiere una minería responsable” y que ha intentado infructuosamente el
diálogo. Ha calificado la posición de los líderes locales como
“radical”, como lo ha hecho con las autoridades de la región Cajamarca,
que enfrenta un pleito similar.
Sin embargo, en declaraciones a Canal N, el presidente del
Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, ha lamentado que la
delegación de viceministros no llegase a la zona alegando que los
comuneros tenían un interés político y que no les importaba frenar la
contaminación. Los daños en las comunidades aledañas a la operación de
Xstrata Tintaya han sido documentados en tres estudios: la presencia de
metales pesados en el agua supera los límites permisibles y el ganado y
los auquénidos tienen menos crías o sufren abortos.
Esta noche, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha indicado
en la misma conferencia de prensa que la operación de cobre debe
concluir en el año 2015 y la ampliación del proyecto implica más de
1.500 millones de dólares de inversión.
Cuando los comuneros movilizados se han enterado al final de la tarde
de que dos de los manifestantes heridos habían muerto, han secuestrado
al fiscal Héctor Herrera y ha prendido fuego al vehículo en el que llegó
a una de las tres zonas donde ocurrieron los enfrentamientos entre
civiles y policías. Sin embargo, horas después, por gestiones de la
directora de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, Ruth Luque, el
fiscal fue liberado, según ha declarado por teléfono esta noche, poco
antes de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Espinar.
Luque ha indicado que tenían reportes de 14 personas detenidas y que la
Vicaría ahora intenta mediar entre el Gobierno y el Frente de Defensa de
Espinar para que se produzca el diálogo.
El Gobierno de Ollanta Humala enfrenta esta semana dos delicados conflictos sociales
causados por una normatividad medio-ambiental débil y un Estado con
serias dificultades para fiscalizar el cumplimiento de los compromisos
de las empresas mineras y de hidrocarburos. El de Espinar ha explotador
este lunes con muertes y podía haberse evitado.
El jueves, en Cajamarca, región de la sierra norte, empieza una
huelga indefinida contra el proyecto aurífero Conga, cuestionado por
peritos extranjeros contratados por el Gobierno, quienes han sugerido
mejoras al estudio de impacto ambiental. La institucionalidad ambiental
es el nudo de las tensiones porque el Estado no logra presionar a las
empresas para que cumplan con sus obligaciones.
La Vicaría de la Solidaridad de Sicuani ha denunciado que, mientras
un grupo de sus trabajadores aguardaba anoche afuera del campamento de
Tintaya-Marquiri, para saber la situación de los detenidos (dos menores
de edad, entre ellos), un grupo de policías armados los obligaron a
bajar de su camioneta, los golpearon y condujeron al campamento. Más
tarde, la policía redactó un acta indicando que encontraron diez
proyectiles en el auto. Jaime Borda y Romualdo Tito, los detenidos, se
negaron a firmar el acta pues el vehículo estuvo a libre disposición de
los efectivos. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, ha calificado de absurdo que
hayan 'sembrado' esas municiones.
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