Para explicar
cómo está repercutiendo la reforma en el funcionamiento de estas
instalaciones, el presidente de la Asociación de Empresas de
Valorización Energética de Residuos (AEVERSU)
ECOticias.
La reforma energética abordada por el Gobierno de España para
corregir el llamado “déficit de tarifa”, y que ha derivado en toda una
serie de cambios legislativos, está afectando en gran medida al sector
de las energías renovables, en el que se encuentran las plantas de
generación eléctrica a partir de residuos.
Para explicar cómo está repercutiendo la reforma en el funcionamiento
de estas instalaciones, el presidente de la Asociación de Empresas de
Valorización Energética de Residuos (AEVERSU), Ángel Fernández Omar,
expuso en el programa “Galicia al Natural” de Radio Líder, que las
compañías integradas en esta organización vienen sufriendo continuados
recortes desde enero del año 2012, que están afectando seriamente a su
operación y viabilidad.
LA PRIMA A LA PRODUCCIÓN DE LAS RENOVABLES, EL CABALLO DE BATALLA
Y es que, según el máximo responsable de Aeversu, si bien en su
momento el Estado apostó por estipular una prima a la producción de las
energías renovables con la firme creencia de que debían ser potenciadas
(solar, eólica, biomasa, residuos, …), lo que hacía posible, en el
caso de las plantas de valorización energética, que el coste a asumir
por los ciudadanos en concepto de gestión y tratamiento de residuos
urbanos fuese menor, lo cierto es que, a día de hoy, el escenario ha
cambiado de forma sustancial: las plantas de estas características que
todavía no se han instalado, ya no van a recibir esa prima,
eliminándose también en el caso de las existentes que la tienen
asignada durante los primeros 15 años, así como en aquellas con
posibilidades de seguir optando a la misma si hacían inversiones
importantes en el ámbito medioambiental.
Como no podía ser de otra forma, según Fernández Omar, “esto ha
derivado en la paralización de proyectos en comunidades que se estaban
planteando contar con estas infraestructuras para eliminar vertederos,
así como en el caso de plantas que estaban pensando en su posible
ampliación”.
Si bien manifestó que la facturación en estas instalaciones no es tan
grande como en otros ámbitos energéticos, “la repercusión del canon
que cobran a sus clientes, mayoritariamente ayuntamientos, puede ser
muy importante”. Algo injusto a su entender, sobre todo cuando “la
producción de energía a partir de residuos es la única que está
prestando un servicio público que hay que mantener”. Porque, a su
juicio, la opción de cerrarlas no debe ni barajarse, ya que ello
conllevaría volver al sistema de vertedero y, por tanto, al
incumplimiento de las Directivas europeas.
En este contexto, precisó que se está hablando de que el déficit de
tarifa de este año es de alrededor de 7.000 millones de euros, de los
cuales las 10 plantas de valorización energética integradas en Aeversu
representan tan solo 40 millones. “Puede darse la paradoja de que, por
ahorrar este importe, se tengan que pagar cientos de millones”,
argumentó.
Respecto a la posible subida del canon que muchas instalaciones se
verán obligadas a aplicar, “llama la atención la gran contestación
social que esto supone, toda vez que no sucede lo mismo con otros
servicios sociales”. Y para explicar este extremo, puso un ejemplo:
mientras que una familia española media no paga más de 200 euros anuales
por la recogida y tratamiento de sus basuras, en electricidad llega a
desembolsar más de 700 euros. Considera que el recibo debería separar
el apartado de recogida, “que es lo que el ciudadano ve y valora”, y el
apartado de tratamiento, “que es lo que no ve y tampoco valora” en la
mayor parte de las ocasiones. A ello habría que sumar que “si las
familias no pagan el agua o la luz, se la cortan, pero si no pagan la
basura, no sucede nada”. Y el principio europeo de quien contamina paga,
es muy claro: se tiene que trasladar el coste del servicio al
ciudadano.
Ante esta situación, expresó que las empresas que gestionan plantas
de valorización energética ya están adoptando medidas tales como
reducción de personal, menos gasto en campañas de concienciación y, por
supuesto, el incremento del canon.
Entre las recomendaciones apuntadas por Fernández Omar para reducir
el recibo de la basura se encuentra algo tan básico como no ensuciar,
cumplir con las normas municipales de recogida y horarios (la gestión de
la basura es una competencia municipal), apostar por compras
responsables y mejorar la separación de los residuos en origen para
posibilitar su reciclado. “Porque no tiene sentido ensuciar las calles y
luego pagar para limpiarlas”, razonó.
De esta forma, a las ya conocidas tres erres (Reducción,
Reutilización y Reciclaje), el portavoz de Aeversu añade otras tres: la
Recuperación Energética, la Reinserción social y la Reeducación.
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