Ambientalista

Las investigaciones mundiales sobre el vínculo del cáncer con la contaminación electromagnética continúan, pero no son concluyentes en si las emisiones de las torres de telefonía celular causan cáncer. Esto podría interpretarse como que tampoco hay consenso de lo contrario. Al margen de la preocupación por la salud, en este debate se están olvidando el derecho de los consumidores a la información oportuna y completa, y el derecho a la consulta de los afectados, cosa que jamás ocurriría en las democracias más sólidas del planeta.

En Estados Unidos muchas ciudades cuentan con regulaciones sobre la instalación de antenas de celulares, como distancias mínimas de las viviendas; información y consulta a los potenciales afectados en un radio de más de cien metros y la creación de barreras –naturales y artificiales– que absorban la radiación y eviten el impacto visual. Se fomenta, además, que distintos operadores usen una misma antena para evitar su proliferación.

El domingo 6 un reportaje televisivo mostró cómo los operadores de telefonía celular instalan sus torres en zonas residenciales de alta densidad, donde coincidentemente proliferan los casos de cáncer. Incluso el siempre escéptico periodista Aldo Mariátegui se preguntó recientemente si la expansión de las torres celulares es la razón por la que la comunidad médica estadounidense llama cancer city a nuestra capital.

Nuestra legislación ambiental contempla el principio de precaución o precautorio que bien podría aplicarse en este caso. Pues explica que de no existir evidencia certera de causar daño al ambiente o a la salud se permite adoptar medidas de protección y hasta la prohibición. Europa lo describe como que “un producto puede tener efectos potencialmente peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente certeza”. Salvaguardando así al consumidor final de potenciales riesgos.

Las preguntas son muchas y el tema se centra en que los consumidores tenemos derecho a respuestas. Tres estudios ya confirman el vínculo de las antenas celulares con el cáncer: “Mortalidad por neoplasia y bases de teléfonos celulares en la Municipalidad de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais” (Brasil), “La influencia de estar físicamente cerca de estaciones base de telefonía móvil y la incidencia de cáncer en Naila” (Alemania) e “Incidencia incrementada de cáncer en las proximidades de una estación base de telefonía móvil en Netanya” (Israel), y que el reconocido médico homeópata Sacha Barrio intenta difundir.

Al margen de la polémica, cabe resaltar que en el Perú el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado a favor de una demanda de agravio constitucional de un ciudadano en Piura y la declaró fundada, con lo cual sienta un precedente positivo para los que consideran vulnerado su derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y saludable.

El tema amerita una idónea aplicación de la norma que contiene el principio de precaución y proveer a los ciudadanos de información transparente y oportuna con participación ciudadana. Los consumidores merecemos apoyo de nuestros legisladores y representantes, como el defensor del Pueblo, pero especialmente del congresista Jaime Delgado, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien anda extrañamente callado con este tema y, sin embargo, se pronuncia hasta de temas que no le competen. ¿Acaso considera que los afectados aludidos en el reporte televisivo no son parte de su bolsón electoral y, por tanto, sus reclamos son irrelevantes?