El millar de
empresas españolas sujetas al sistema europeo de comercio de emisión de
CO2 afrontan hoy fuertes incertidumbres, a la espera de que la UE se
atreva (o no) a retirar del mercado el exceso de permisos en circulación
para emitir dióxido de carbono.
El próximo mes, el Consejo de Ministros de Energía se reúne en
Luxemburgo para consensuar la nueva directiva de eficiencia energética,
que puede condicionar el precio pagado por la industria más emisora por
tonelada de carbono que deja escapar a la atmósfera.
Hoy, el
precio por tonelada de CO2 roza los siete euros, una cantidad exigua si
se compara con los 30 euros que llegó a alcanzar años atrás o los 16
euros de hace un año.
Desde 2005, las grandes industrias europeas
están afectadas por el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de
Emisión, que les obligar a comprar créditos de carbono como toneladas de
dióxido de carbono hayan emitido.
Para que el impacto sobre su
actividad no sea tan fuerte, reciben una asignación gratuita que ha ido
descendiendo periodo a periodo.
Las emisiones han bajado debido a la crisis
Pero
ahora se presenta un problema: debido a la crisis las emisiones han
bajado, lo que ha causado la caída del precio del CO2 y algunas
industrias han vendido parte de sus asignaciones, es decir, hay más
derechos de emisión en el mercado que necesidades de las empresas,
explica Kepa Solaun, socio director de la consultora Factor CO2, con
sede en España, Italia, Reino Unido y Tailandia.
Por tanto, argumenta, el precio "tiende a cero".
Una
segunda lectura, por parte de las administraciones, es la siguiente:
los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero se
desincentivan y a las industrias no les me merece la pena reducir o,
dicho de otra manera, emitir sale barato.
Pocos incentivos financieros para cambiar el modo de producción
Dado
que el precio que las compañías deben pagar por quemar combustibles
fósiles es tan bajo, tienen pocos incentivos financieros para cambiar su
modo de producción usando energías limpias.
Toda esta situación,
"hace plantearse a la Unión Europea retirar o limitar los derechos de
emisión", aunque, según Kepa Solaun, es improbable que lo haga a través
de la nueva directiva de ahorro energético.
Otra posibilidad es hacerlo mediante el nuevo régimen de subasta de derechos que entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
A
juicio de Iria Flavia Peñalva, de Factor CO2, la sensación es que se
producirá "algún tipo de intervención", quizá a través de un mecanismo
de dosificación de los activos de carbono, sin que llegue a ser un
instrumento formal de retirada de derechos.
En el caso de que no
se limiten los actuales permisos de emisión de dióxidos de carbono, "es
completamente factible que sigan bajando los precios".
Pero, en el
caso de que la UE opte en junio por revisar el calendario de subastas
del 2013-2020 y limite los derechos, el precio del CO2 subirá, lo que
hará más difícil contribuir al cambio climático.
El Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión (ETS por su sigla en inglés) es la
principal herramienta de la UE contra los gases de efecto invernadero, y
afecta a 11.000 fábricas.
En España, explica Iria Flavia Peñalva,
hay industrias que han bajado tanto su produccción por la crisis que la
venta de sus permisos excendentarios "les ha servido para sanear sus
cuentas", aunque no es la situación que les gusta porque el CO2 no es su
negocio.
Mínimos históricos del precio de carbono
Actualmente,
hay muchas instalaciones que aprovechan para comprar dado los mínimos
históricos que está alcanzando el precio del carbono y "están haciendo
un plan de compras medianamente organizado para evitar encontrarse con
cero derechos a mitad del periodo y tener que comprar a un precio
previsiblemente más alto".
Sin embargo, esta vía solo la están utilizando aquellos que poseen una caja financiera robusta.
La
consultora de servicios climático Factor CO2 será en breve la primera
organización española que logra el sello PAS 2060, que certifica la
neutralidad en las emisiones de CO2 de sus actividades.
Este
sello, elaborado por el British Standard Institute (BSI), persigue
suplir un vacío que estaba generando confusión en el público, ya que
cada vez hay más productos en el mercado que afirman ser neutros en
emisiones y no había ninguna norma en esta materia. EFE
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