Cerca de dos mil personas (según la policía) se congregaron el domingo en el parque Ibirapuera de Sao Paulo para pedir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que vete una controvertida ley que regula el uso de la tierra.
Rousseff tiene hasta el 25 de mayo para imponer su veto parcial o
total a este nuevo proyecto de ley, especialmente incómodo para Brasil,
que se prepara para recibir dentro de un mes la cumbre de Río+20 sobre
el desarrollo sostenible, que congregará a 116 jefes de Estado y de
gobierno.
Organizada por la Fundación SOS Bosque Atlántico,
la manifestación del domingo era la última de una campaña nacional
lanzada el 25 de abril, justo después de la aprobación en el Congreso de
esta reforma del código forestal de 1965.
El cambio legislativo significa una victoria para el poderoso lobby
agro-alimentario después de varios años de lucha con los ecologistas,
que temen la destrucción de miles de kilómetros cuadrados de selva
virgen.
El código, que reforma una ley de 1965, reduce el área de bosque que
debe ser reforestada en los márgenes de los ríos, y suspende las multas y
sanciones impuestas a los propietarios de tierras que talaron
ilegalmente hasta 2008.
El sector agroindustrial, con una amplia representación legislativa,
apoyó la norma, aduciendo la necesidad de ampliar la frontera agrícola
para garantizar la seguridad alimentaria de los brasileños.
La iniciativa dejó en firme la obligación de preservar el 80% de la
vegetación en la Amazonía, la mayor área selvática del planeta.
Para los ecologistas el veto de Rousseff es la última esperanza.
Cerca de dos mil personas (según la policía) se congregaron el
domingo en el parque Ibirapuera de Sao Paulo para pedir a la presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, que vete una controvertida ley que regula el
uso de la tierra.
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