Uno de los procesos sobre contaminación medioambiental en América
Latina más largos y controvertidos de las últimas décadas encara su
recta final este martes en Nueva York. La petrolera Chevron aspira a que
un tribunal estadounidense falle que la sentencia que en 2011 condenó a la compañía a indemnizar con 19.000 millones de dólares a los habitantes del cantón de Lago Agrio,
en la Amazonía ecuatoriana, por haber contaminado la región varias
décadas atrás, fue fraudulenta y que el abogado defensor falseó informes
medioambientales y sobornó al juez de Ecuador que dictó la sentencia.
Más allá de la suma millonaria que está en juego y, sobre todo, del futuro y las condiciones de las miles de familias y agricultores afectados por la contaminación
provocada por la negligencia de las compañías petrolíferas a mediados
del siglo XX, la importancia del proceso estriba en que el fallo puede
sentar un precedente sobre la influencia en otros tribunales extranjeros
de las resoluciones dictadas por el sistema legal de EE UU y la
competencia de este para juzgar la mala praxis de ciudadanos
estadounidenses en juicios que se desarrollan en el exterior.
La importancia del proceso estriba en que el
fallo puede sentar un precedente sobre la influencia en otros tribunales
extranjeros de las resoluciones dictadas por el sistema legal de EE UU y
la competencia de éste para juzgar la mala praxis de ciudadanos
estadounidenses en juicios que se desarrollan en el exterior
“Nuestro objetivo es obtener por parte de la jurisdicción
estadounidense una opinión que reconozca que la sentencia ecuatoriana
fue producto del fraude y la corrupción y que esa decisión envíe un
mensaje a otras cortes del mundo de que la ejecución del fallo contra
Chevron no debería prosperar”, señala en conversación telefónica a EL
PAÍS, James Craig, asesor de la petrolera para África y América Latina.
Cuando se dictó la sentencia contra Chevron, esta no tenía presencia en
Ecuador y la acusación está tratando de que se reconozca y ejecute el
fallo en otros países, en concreto Canadá, Argentina y Brasil. Es en
esas cortes donde la compañía espera que un fallo favorable del tribunal
neoyorquino pueda influir en sus respectivas decisiones.
El origen de la disputa legal se remonta a 1993, cuando el abogado estadounidense Steven Donziger
interpuso una demanda ante los tribunales de Nueva York en nombre de
30.000 indígenas de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador, exigiendo una
reparación económica a Texaco por haber contaminado las aguas de la
región con sus prácticas extractivas entre 1964 y 1992. Texaco consiguió
que la demanda fuera admitida en Ecuador y, cuando Chevron adquirió la
compañía en 2001, también heredó la contienda legal.
Durante el proceso, la petrolera estadounidense alegó que Texaco
había invertido 40 millones de dólares para acometer tareas de limpieza y
retirada de productos tóxicos en el país bajo la supervisión y
posterior aprobación del Gobierno ecuatoriano. En 1992, cuando terminó
la concesión para la explotación de Texaco, esta pasó a manos de Petroecuador,
empresa estatal ecuatoriana. En 1998, Ecuador firmó un acuerdo con
Texaco en la que eximía a la multinacional de cualquier responsabilidad
medioambiental. Chevron argumentó que ese pacto le redimía de toda
obligación legal y que el único culpable de la contaminación era
Petroecuador.
Finalmente, en 2011, el juez Nicolás Zambrano resolvió en contra de
Chevron. La condena a 19.000 millones de dólares se convirtió en la más
dura contra una petrolera por contaminación medioambiental hasta la
fecha. Pero, contrariamente a lo que suele suceder en el caso de casos
multimillonarias por desastres ecológicos, la compañía estadounidense
nunca accedió a acatar la sentencia y en febrero de ese año interpuso
una demanda por violación de la Ley federal estadounidense contra la
asociación para delinquir y extorsionar en un tribunal de Nueva York
para suspender la ejecución de la misma.
Alegaciones
En su escrito, Chevron acusa al abogado Donziger de fabricar informes
medioambientales falsos y de sobornar a Zambrano, prometiéndole una
participación en la sanción económica contra la petrolera. Donziger se
ha defendido alegando que la demanda de la petrolera es “una venganza”
por el fallo en contra, además de una estrategia para huir de sus
responsabilidades y que el juez encargado del caso, Lewis Kaplan, está
lleno de prejuicios contra el sistema judicial ecuatoriano. “Va a mirar
al proceso en Ecuador a través de la lente roja, azul y blanca”, ha
señalado la letrada de Donzinger, Zoe Littlepage. La semana pasada,
Kaplan dictó una resolución en la que reconocía que “había indicios
suficientes para sospechar de un posible fraude”.
En 1993, cuando el abogado estadounidense Steven
Donziger interpuso una demanda en nombre de 30.000 indígenas de Lago
Agrio exigiendo una reparación económica a Texaco por haber contaminado
las aguas de la región con sus prácticas extractivas entre 1964 y 1992
A lo largo del proceso, que está previsto que se prolongue entre
cuatro y seis semanas, Chevron presentará, entre otros, el testimonio de
Alberto Guerra, un antiguo juez ecuatoriano que ha jurado que el equipo
de Donzinger le pagó 1.000 dólares mensuales para redactar la sentencia
del juez Zambrano -quien también ha sido llamado a declarar-. La
defensa del abogado, asegura, por su parte, que el testimonio de Guerra
no es fiable ya que la compañía se está encargando de sus gastos y los
de su familia en EE UU a donde se trasladaron a expensas de la petrolera
hace varios meses, algo que Chevron sostiene que ha hecho para
garantizar la seguridad de su testigo.
Otro de los testimonios previstos es el de la empresa Stratus Consulting,
una consultora con sede en Colorado y que ha reconocido que, a
instancias de Donzinger, elaboró buena parte del informe de daños
medioambientales y sanitarios de Richard Cabrera, un “experto
independiente” designado por los jueces ecuatorianos. El vicepresidente
de Straus, Douglas Beltman, ha reconocido que elaboraron el documento
sin evidencias científicas que avalaran las cifras que allí se incluían,
entre ellos los índices de afectados por cáncer (30% más de lo normal,
se señalaba en el escrito), el número de muertes (1.400) y de afectados
por cáncer (9.000) o el de fallecidos por otras causas derivadas de la
contaminación. Donzinger también ha insistido en que el informe de
Guerra finalmente fue desestimado como prueba.
Este martes se espera que comparezca un responsable de un fondo de inversión de riesgo
que respaldó económicamente al equipo de Donzinger en los primeros
meses del proceso para retirase cuando comprobaron las pruebas de
fraude, señala Craig; el primer consultor medioambiental que Donzinger
contrató para preparar el caso y el abogado que defendió a Chevron en
Ecuador.
Complejidad del proceso
El proceso relacionado con la condena millonaria de Chevron es mucho
más complejo y sus estribaciones van más allá de lo que se resuelva en
el tribunal de Nueva York. La petrolera ha interpuesto en 2012 un
recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la
instancia judicial superior de ese país, contra la sentencia y todavía
no han recibido noticias del tribunal, de acuerdo con Craig.
Hasta ahora, las resoluciones de los tribunales internacionales a los
que ha apelado Chevron han sido favorables a la compañía. En febrero de
este año la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra de
Ecuador por no impedir la ejecución de la sentencia contra la petrolera
en aquellos países donde los demandantes han pedido que se lleve a
efecto, Canadá, Brasil y Argentina.
Las resoluciones de los tribunales internacionales a los que ha apelado Chevron han sido favorables a la compañía
El Tribunal Superior de Ontario desestimó la solicitud de Donzinger
alegando que Chevron Canadá no estaba directamente controlada por
Chevron Corporation; el recurso presentado en Brasil sigue pendiente de
resolución y en el caso de Argentina, aunque en noviembre de 2012 se
emitió una orden de embargo de los activos de Chevron en ese país, el
pasado 4 de junio la Corte Superior de Argentina suspendió la decisión
argumentando que Chevron Argentina no formó parte del proceso que se
desarrolló en Ecuador.
En septiembre, otro laudo parcial del Tribunal de Arbitraje de La Haya
concluyó que, de acuerdo con los acuerdos firmados entre Texaco y el
Gobierno de Ecuador en los 90, la empresa y sus filiales estaban libres
de cualquier demanda colectiva en el país o por terceros.
El proceso ha sido objeto de varios documentales y ha atraído la
atención de ecologistas, activistas medioambientales y de estrellas de
Hollywood, como Daryl Hannah, cuya imagen con las manos cubiertas en
petróleo para denunciar la contaminación de las compañías en la Amazonía
dio la vuelta al mundo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha
hecho de la negativa de Chevron a cumplir con la sentencia una cruzada
nacional, asegurando que se trata de una cuestión de “honor nacional”.
Chevron acusa al abogado Donziger de fabricar
informes medioambientales falsos y de sobornar a al juez prometiéndole
una participación en la sanción económica contra la petrolera
Más allá de las implicaciones económicas, medioambientales o
políticas, aún queda pendiente la situación de los indígenas y de los
agricultores de Lago Agrio, que siguen sufriendo las consecuencias de la
polución causada por las prácticas negligentes de las petroleras,
muchas veces con la connivencia de los Gobiernos, y a donde apenas llega
asistencia médica para tratar las enfermedades derivadas de esa
contaminación. “Desde que llegó Texaco, nuestra cultura se ha diezmado,
nuestros niños se han envenenado y nuestra selva se ha arruinado”, ha
denunciado en varias ocasiones Emergildo Criollo, líder de la tribu
Cofan, asentada en las tierras que exploró la compañía en 1964. Su lucha
-este martes muchos se han manifestado frente a las puertas del
juzgado- ha quedado empañada por una pugna millonaria sobre fraude y
corrupción.
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