Eso sí, previsiblemente, todos los grupos parlamentarios apoyarán la tramitación de este decreto como proyecto de ley
ECOticias.
El Partido Popular ha conseguido el apoyo de UPyD en el Congreso
de los Diputados para convalidar el decreto ley de medidas urgentes en
materia de medio ambiente que, entre otras medidas, centraliza la
política hidráulica. En cambio, Compromís-Equo, el BNG, Amaiur, la
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV se han mostrado en contra
del mismo, entre otros puntos, por centralizar competencias que hasta la
fecha eran autonómicas.
Eso sí, previsiblemente, todos los grupos parlamentarios apoyarán
la tramitación de este decreto como proyecto de ley, de forma que se
abre un periodo de presentación de enmiendas, donde los grupos
parlamentarios pueden hacer sus aportaciones para mejorar el texto del
Gobierno.
Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente
fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo, y se encuentra
en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). En concreto, plantea la modificación de cuatro
normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Así las cosas, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado que este decreto ley
responde al propósito de mejorar la gestión ambiental española,
adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y
favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de
emisiones.
Con ello, ha detallado que este decreto incorpora la normativa
europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que
España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los
compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA
Igualmente, el decreto plantea una modificación de la Ley de
Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la
materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las
cuencas intercomunitarias.
Asimismo, también incorpora una disposición específica para la
cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto
Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero
y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas
derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas,
tendente a la recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la
Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende
coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen
sobre una misma hectárea.
En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los
espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000,
para que usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y
derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de
notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos,
señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se
necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas. "Ahorrará a
los operadores a hacer la notificación previa cada vez que tengan que
trasladar residuos", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado
que obtenida la autorización previa de la comunidad donde se opere no
será necesarias posteriores.
Asimismo, modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en lo
referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR),
precisando el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar
"imprecisiones, incoherencias e interpretaciones".
UNAS MEDIDAS NECESARIAS
El PP ha conseguido el apoyo de UPyD que, según ha tachado su
portavoz en la materia, Carlos Martínez Gorriarán, se trata de un
paquete de medidas "precisas, necesarias y fundamentadas", que hacen una
trasposición de directivas europeas que había que acometer.
Además, ha dicho que es "elogiable" que el Gobierno vaya a aceptar
la tramitación como proyecto de ley de este decreto. "Sería importante
abrir un debate sobre el modelo de Estado y el modelo competencial, que
es inviable", ha agregado, al mismo tiempo que, "aunque sea raro", ha
dado la enhorabuena al PP.
Desde el PP, María Teresa Fernández de Lara, ha señalado que la
reforma que favorece este decreto es "conveniente" porque no emplea
dinero público, a diferencia del anterior Ejecutivo socialista que gastó
más de 9.000 euros por encima de lo presupuestado.
EL GOBIERNO NO CREE EN EL MEDIO AMBIENTE
Por su parte, la portavoz del PSOE de Medio Ambiente en el
Congreso, Leire Pajín, ha acusado al Gobierno de no creer en el medio
ambiente, así como de desproteger y "poner en peligro" a los ciudadanos y
a las generaciones futuras, con la aprobación del decreto.
De hecho, ha manifestado su posición en contra, al mismo tiempo
que le ha pedido al titular del ramo, Miguel Arias Cañete, que "lo
justo" es devolver el texto al Ejecutivo y convocar a los agentes
sociales implicados. "A veces tengo la sensación de que este Ejecutivo
tiene el objetivo de retroceder en el tiempo", ha puntualizado.
Al mismo tiempo, considera que este decreto responde a
"convicciones ideológicas" y al objetivo de querer dejar a los
ciudadanos sin protección ambiental. "Este Gobierno no cree en una
legislación garantista y no cree en el medio ambiente. Este decreto
supone una traba al libre desarrollo económico y pone en peligro a los
españoles de hoy y a las generaciones futuras", ha agregado.
En este sentido, ha hecho referencia a la modificación de la Ley
de Protección Natural, que a su juicio, sólo con esta reforma se
"relaja" la normativa existente. Mientras, ha señalado que en materia de
agua el decreto contradice la directiva marco de agua, que debe ser
cumplida antes de 2027 por todos los países miembros.
Desde el PNV, Arantza Tapia, ha señalado que en líneas generales
podría aceptar esta normativa, si bien ha indicado que a este grupo
parlemantario le surgen críticas motivadas desde el punto de vista de la
oportunidad y de legislar sin consenso, invadiendo competencias y sin
motivo real que justifique esta premura y modo de actuación.
UN "INSULTO Y UNA PROVOCACIÓN"
Mientras, la diputada de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha
señalado que este decreto es un "insulto y provocación" a todas las
personas que trabajan desde hace años en favor de la ecoeficiencia.
"Es un decreto que despilfarra. Le falta ambición y no incluye
instrumentos útiles. La crisis actual precisa de una nueva cultura del
agua y de la energía, austeridad", ha agregado, al mismo tiempo que ha
indicado que, con estas medidsa del PP, España va en la dirección
contraria de lo que hacen los países más avanzados.
El nacionalista catalán Martí Barberá, portavoz de Medio Ambiente
de CiU en el Congreso, ha defendido su posición en contra de este
decreto por centralizar las competencias en materia de medio ambiente.
"Trabajaremos en el ámbito parlamentario para recuperar las competencias
que revoca este decreto", ha apuntado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario