La mayor parte
de la potencia renovable instalada procede de la energía eólica, con
3.129 megavatios, que representan el 66 por ciento del total.
ECOticias.
Las energías renovables en Andalucía han registrado, al cierre
del pasado año 2011, un total de 4.771 megavatios instalados
procedentes de energías renovables, lo que supone un 12, 5 por ciento
más que el ejercicio anterior, con 532 megavatios nuevos, según los
datos del informe anual del Observatorio Andaluz de Energías Renovables
de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de
Andalucía (APREAN).
La mayor parte de la potencia renovable instalada procede
de la energía eólica, con 3.129 megavatios, que representan el 66 por
ciento del total. Le sigue la energía fotovoltaica conectada a red, con
783 megavatios, que suponen el 16 por ciento del total; la termosolar,
que se sitúa en 650 megavatios, con un 14 por ciento sobre el total; y
la biomasa eléctrica, que contabiliza 209 megavatios, que representan el
4 por ciento del total.
Andalucía sigue ostentando el liderazgo nacional, por
comunidades autónomas, en potencia renovable instalada procedente de
energía termosolar y de biomasa. Ocupa la segunda posición en cuanto a
energía fotovoltaica, detrás de Castilla-La Mancha, y es la cuarta
comunidad en energía eólica, detrás de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Galicia.
En términos globales, Andalucía se encuentra en el tercer
puesto en España en megavatios renovables instalados tras Castilla y
León, y Castilla-La Mancha.
APREAN considera que la actualización de los datos de
megavatios renovables instalados en Andalucía, que implican una
inversión asociada de más de 7.000 millones de euros y la creación de
más de 12.000 puestos de trabajo directos (en su mayoría en zonas
rurales y de escaso desarrollo), obliga a una seria reflexión sobre lo
que las energías renovables han contribuido y son capaces de generar en
el conjunto de la economía.
La asociación reclama de la Administración, tanto
regional como nacional, apoyo institucional, seguridad jurídica y un
marco de desarrollo razonable del sector en los próximos años,
conscientes de la situación actual que vive el país pero también de la
obligación de no poner en riesgo de destrucción a una industria sólida,
ya consolidada, creadora de empleo y riqueza, y con clara voluntad de
seguir invirtiendo y aportando soluciones al problema de la crisis
actual.
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