Así, Ramos de
Armas ha explicado en un encuentro con la prensa que "el desorden legal
introducido debía corregirse, porque tiene consecuencias devastadoras"
ECOticias.
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha
justificado el Real Decreto-Ley con medidas urgentes en materia de medio
ambiente --aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros-- en la
necesidad de corregir el "desorden" existente a nivel jurídico en este
departamento.
Así, Ramos de Armas ha explicado en un encuentro con la prensa que
"el desorden legal introducido debía corregirse, porque tiene
consecuencias devastadoras" y ha insistido en que hasta ahora había
"mucho desorden".
En relación con las modificaciones en la Ley de Aguas, ha
asegurado que con la recuperación por parte del Estado de la competencia
sancionadora en la materia (policía hidráulico) se impone la "claridad"
que marca la Constitución y refrendada por dos sentencias del Tribunal
Constitucional en marzo de 2011, pero que un Real Decreto ley aprobado
por el Gobierno anterior en agosto introducía "confusión".
"Queremos poner claridad, ser eficaces y gestionar lo que corresponda", ha añadido, "la competencia es de quién es".
En todo caso, ha asegurado que la posibilidad del régimen de uso
de agua sea en bajo la fórmula de concesión en vez que de uso privativo
"en modo alguno no es una suerte de privatización del uso del agua",
porque el régimen concesional es el "habitual" sobre un bien de dominio
público, ya que está sujeto a más controles.
Asimismo, ha insistido en que estas modificaciones permitirán un
mejor uso y protección de los acuíferos y aguas subterráneas, con el fin
de garantizar su buen estado y poder reaccionar mejor y más rápido a
situaciones como la sequía.
En cuanto a lo que se refiere al apartado especial dedicado al
Alto Guadiana y que afecta principalmente al acuífero 23 y a las Tablas
de Daimiel, el secretario de Estado considera que se han intentado
distintas fórmulas para solucionar el tema, y que esta es una nueva vía
que no va a aumentar el perjuicio del acuífero, ya que no aumentará la
superficie de riego, sino que tratará de reducir las extracciones
ilegales de agua.
"La gestión de un acuífero va destinada a su conservación a largo
plazo ya que antes está la conservación que la explotación", ha afirmado
el secretario de Estado que ha insistido en que se va a reducir la
presión o "la tentación de nuevos pozos ilegales".
El Real Decreto publicado este sábado por el Boletín Oficial del
Estado recoge asimismo que en las infraestructuras se imputarán todos
los costes, incluidos los ambientales. Para Ramos de Armas, los costes
que genere cualquier actuación sobre caudales deben incluir estos y
todos los costes, tal y como apunta la Directiva Europea al respecto.
Por eso, ha adelantado que se va a repercutir conforme a lo dispuesto
por esta regla, a no ser que alguna administración establezca
excepciones debidamente justificadas. "Nuestra planificación va a ser
pensada, sosegada y no va a pillar a nadie a contrapié", ha apostillado.
LLEGARÁN NUEVAS REFORMAS
Respecto a la modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, ha advertido que hasta la fecha estos son cambios de "una
primera reforma justificada por la dificultad para aprobar los planes
de gestión" pero, en su opinión, esta norma "merecerá una reforma más
pensada y sosegada".
Según ha explicado, esta reforma pretende coordinar y simplificar
las distintas figuras de protección que en muchas ocasiones rigen sobre
una misma hectárea. Esto se debe a la existencia de figuras distintas y
descordinadas entre sí que "lo único que generan es incertidumbre" y una
serie de problemas a la hora de aprobar los distintos planes de
gestión.
Por otro lado, sobre las modificaciones relativas a la Ley de
Residuos, Ramos de Armas ha manifestado que el anterior sistema de
notificaciones de traslados de residuos era "engorroso" y que a partir
de ahora se podrán agrupar notificaciones.
En cuanto al sistema de Devolución y Depósito de Residuos (SDDR),
opina que es una fórmula que puede "sumar a lo que ya existe" pero que
se podrá implantar de manera voluntaria y, en algunos casos de forma
obligatoria si fuera necesario para cumplir los objetivos que, "a futuro
tendrán que ir a más".
De momento, ha incidido en que la apuesta del Gobierno es "cumplir
los objetivos" y "no favorecer o perjudicar" a ningún sistema integrado
de gestión en contra de otros. "No cerramos la puerta al SDDR ni a
otros que hay, aunque el primero ni es el único ni, por sí solo
resolvería nunca la cuestión. No hay animadversión en este Ministerio
por este sistema", ha concluido.
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