El Consejo de
Ministros acaba de aprobar un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en
materia de medio ambiente. Esta norma modifica la legislación actual
sobre agua, residuos y otras materias.
ECOticias.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF rechazan el Real Decreto-Ley en materia de medio
ambiente que el Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros, tanto
en la forma como en el contenido. Consideran que es una burla a la
transparencia y participación y denuncian los retrocesos que produce en
la protección ambiental de nuestro país.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto-Ley de
medidas urgentes en materia de medio ambiente. Esta norma modifica la
legislación actual sobre agua, residuos y otras materias. A falta de
conocer su contenido exacto, las organizaciones de defensa de la
naturaleza quieren hacer una primera valoración.
Las organizaciones ecologistas de ámbito estatal rechazan
frontalmente esta manera de proceder para legislar sobre asuntos
ambientales. En efecto, incumple la normativa relativa al acceso a la
información y participación pública así como las funciones del Consejo
Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por
el Ministerio en el más absoluto secretismo, contradiciendo las
reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de
apertura y diálogo con todas las partes interesadas. El alcance de las
modificaciones introducidas requería cumplir con todos los mecanismos de
participación pública establecidos. Por otro lado, la urgencia no se
justifica por el carácter de las medidas aprobadas.
En lo referido a agua, entre otras medidas, el real decreto establece
mecanismos para la venta directa de agua entre particulares en el
ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana. Olvida esta
modificación legal que hay muchas más concesiones de uso que recurso,
esto es, que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados. Por
tanto, permitir esta venta directa sólo incrementará la presión sobre un
acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha
puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes
gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo.
El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas. La modificación realizada puede suponer que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal. Por el contrario, las organizaciones ecologistas consideran sensata la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.
El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas. La modificación realizada puede suponer que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal. Por el contrario, las organizaciones ecologistas consideran sensata la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.
En materia de residuos, a falta de comprobar que se mantiene esta
medida que ya apareció en el borrador del Real Decreto, lo más llamativo
es que cierra la puerta al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SDDR). Este sistema, al incentivar a los ciudadanos a devolver los
envases vacíos de determinadas bebidas, permitiría unas tasas de
reciclado de residuos de envases mucho mayores que los actuales, y de
paso, el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea.
Esta nueva barrera a los SDDR, que significa un retroceso de 20 años,
también descarta la opción de reutilización requerida por la legislación
europea en la Directiva Marco de Residuos. Se renuncia así a reducir
los 68 millones de euros que cuesta a las administraciones públicas la
incineración y vertido de residuos reciclables, a recuperar los 65
millones de euros de materias primas no recicladas en la actualidad y a
los 14.000 puestos de trabajo que crearía un SDDR. En vez de
imposibilitar la implantación de un SDDR, el Gobierno debe fomentar
pruebas piloto para comprobar su viabilidad técnica y económica.
En cuanto a espacios naturales protegidos, la opinión de las
organizaciones ecologistas es que lo realmente necesario es que se
cumpla la normativa existente, ampliamente incumplida por muchas
administraciones, en especial las comunidades autónomas. La supuesta
simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan
diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no
todos esos espacios tienen el mismo perímetro.
Por todos estos motivos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian los efectos negativos de este
Real Decreto-Ley y exigen que en adelante se trabaje con transparencia y
una adecuada participación de la sociedad civil, a través de todos los
mecanismos establecidos para elaboración, modificación y revisión de la
normativa relacionada con el medio ambiente.
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