El
Gobierno asumirá todas las funciones sancionadoras en las cuencas
hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma y derogará
la normativa anterior al respecto, con lo que recupera las competencias
sobre la materia.
La decisión, ha afirmado hoy la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saénz de Santamaria, responde al "principio de unidad de cuenca",
establecido en 2011 por el Tribunal Constitucional.
A raíz de la
sentencia del alto tribunal, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un
decreto ley que permitía a las CCAA asumir competencias de gestión del
dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas
comunidades.
Con ello, "se les posibilitaba asumir funciones de policía (fundamentalmente sancionadoras)" en sus respectivos territorios.
La
potestad sancionadora y de ordenación en las confederaciones
hidrográficas "ha sido siempre una competencia del Estado, tanto es así
que el propio Constitucional lo puso de manifiesto como consecuencia del
recurso de algunos estatutos de Autonomía" ante el mismo.
Las
sanciones oscilarán entre las leves -multa de hasta 10.000 euros- y las
muy graves -de entre 500.000 y hasta un millón de euros-.
El
Gobierno popular, según Saénz de Santamaria, cree que el agua es un
recurso escaso y "un dominio público de todos los españoles", de ahí que
el Estado recupere esta potestad en las cuencas intercomunitarias.
Con
ello, "se evitarán duplicidades, solapamientos y actuaciones
contradictorias en algo tan importante como es el régimen sancionador en
el mal uso del agua".
En consencuencia, se deroga la normativa anterior y será el Estado el que "íntegramente" se ocupe de ello.
La
decisión anunciada hoy se enmarca dentro de un real decreto ley de
medidas sobre política medioambiental, que también modifica las leyes de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados, y
que contempla medidas sobre regulación del agua subterránea.
Sobre
este último punto, la nueva normativa añade condiciones específicas
para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del
acuífero y "permitiendo la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas
derivadas".
Según la vicepresidenta, el Ministerio de Medio
Ambiente ha trabajado "en plena coordinación con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha" para abordar el mejor sistema de racionalizar
los aprovechamientos hídricos en la zona de las Tablas de Daimiel.
Tras
recordar la actual situación de sequía, ha razonado que "había que
trabajar con urgencia y rapidez para encontrar fórmulas que eviten
sobreexplotaciones de esos acuíferos que causaran deterioro a la zona".
El
real decreto ley incorpora un nuevo procedimiento que permite a los
usuarios, a cambio de poder transferir sus derechos, acogerse a una
reducción del volumen que pueden usar.
A través de fórmulas
concesionales se podrá transferir a terceros ese aprovechamiento, pero a
cambio de ceder una parte del mismo "con lo que se logra un equilibro
mucho más sostenible en la explotación" de las Tablas de Daimiel, según
el Ministerio de Medio Ambiente. EFE
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